RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Familiares de una joven de 25 años asesinada por el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, aseguraron este miércoles que el militar ejercía control sobre la víctima y que el crimen fue planificado, descartando que se tratara de un hecho accidental, como alegó el abogado del imputado.
Los hermanos y otros parientes de la fallecida expresaron su confianza en que se haga justicia por la muerte de su ser querido, a quien describieron como una joven trabajadora que buscaba activamente salir adelante.
“Era alguien controlador, él lo planeó; eso no fue un accidente”, afirmó Masiel Díaz Valenzuela, hermana de la víctima.
La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción contra, a Céspedes Valdez, imputado por la muerte de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, con quien mantenía una relación sentimental.
El juez Rigoberto Sena ordenó que el imputado cumpla la medida en la cárcel Las Parras.
El hecho ocurrió el pasado domingo 25 de enero en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional, donde, de acuerdo con la acusación, el imputado le quitó la vida a la joven con un arma de fuego durante una discusión.
Según la solicitud presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, agentes policiales acudieron al lugar tras recibir la alerta correspondiente y confirmaron el fallecimiento de la mujer.
El militar fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le leyeran sus derechos constitucionales, y trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.
El levantamiento del cadáver fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental.
El Ministerio Público sostiene que, por la trayectoria del disparo, se puede establecer que se trató de un homicidio voluntario. Durante la intervención, el arma utilizada fue entregada de manera voluntaria y quedó bajo custodia de las autoridades.
El caso fue calificado jurídicamente como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, por lo que el órgano acusador solicitó prisión preventiva contra el imputado.
El abogado del imputado, Juaquincito Boció Familia, reiteró que la muerte de la mujer se trató de un accidente tras un internado con el militar.
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