EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Pamela Rosario Suárez, acusada de sustraer una recién nacida en la maternidad San Lorenzo de Los Mina el pasado 21 de enero.
La jueza Karen Casado Minyeti envió a la imputada a cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
“Entendemos que los elementos recabados arrojan, aún después de las pruebas psicológicas, que manos criminales están detrás de esa persona, no hay forma cómo justificar que ella la haya sacado sola y en el examen pericial entró al hospital sin ningún tipo de conocimiento”, explicó el abogado de la familia de la menor, Miguel Surún Hernández.
Asimismo, dijo que es un proceso «cuestionable» desde el punto de vista procesal.
De su lado, la joven madre de la bebé raptada, expresó sentirse bien, porque se empezó hacer justicia, indicando que espera la condena en contra de Rosario Suárez.
“Nosotros nos sentimos felices gracias a Dios porque recuperamos la niña, fuimos dichosos y bienaventurados porque los niños que se pierden en los hospitales casi no se encuentran, eso fue un regalo del Todopoderoso”, sostuvo Geralis Payano, progenitora de la menor.
En tanto, que la defensa técnica de la imputada, aseguró que van a recurrir la decisión del tribunal, tras considerarla inconstitucional.
Rosangela Pérez Rosario, abogada de la imputada afirmó, que el tribunal decidió por presión social, porque no encuentran la gravedad del hecho, precisando que hubo una sustracción de un menor, pero hay un informe psicológico que recomienda ayuda de un profesional de la materia.
“El informe recomienda que se deben tomar medidas pertinentes y referir a evaluación psiquiátrica a la representada y asistir a terapias psicológicas, es lamentable, que ante una situación así un tribunal que está para garantizar el debido proceso dicte prisión preventiva de una condena imponer de dos a seis años”, indicó la letrada.
Catalogó de desproporcional la medida de coerción, sosteniendo que van apelar dicha decisión toda vez que no hay un bien gravemente lesionado.
El 8 de mayo el tribunal revisará de manera obligatoria la medida de coerción.
