EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, sostuvo que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader “regalará el país de aquí al 2024”, indicando que durante esta gestión se han implementado 22 fideicomisos, cuando aún ese mecanismo a nivel público no existe en el país.
“En este gobierno, a parte del fideicomiso de Punta Catalina, de Bahía de las Águilas y de transporte, está el fideicomiso de la Policía, el que es para administrar y gestionar los bienes incautados, el de los desechos sólidos, el de Parquéate RD, también para las becas estudiantiles”, señaló.
Crespo fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver comentarios a partir del minuto 18:39).
Sostuvo que los fideicomisos públicos que han sido establecido por el gobierno están en un limbo porque esa figura no existe a nivel jurídico y lo que sí existe es el mecanismo a nivel privado, a través de la ley 189-11, sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.
“Se le ha querido dar una connotación a través de un reglamento, con una definición que se dio en un momento para desarrollar RD Vial o Vivienda de Bajo Costo, pero en definitiva los fideicomisos públicos desde el punto de vista jurídico no existen”, apuntó.
Asimismo, consideró que antes de aprobarse proyectos como los fideicomisos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y de Bahía de las Águilas, se debe aprobar una ley de fideicomiso público, y sobre la cual ya se han sostenido discusiones en la Cámara de Diputados.
Fideicomiso Punta Catalina
Al hablar específicamente del fideicomiso público de Punta Catalina, el legislador insistió en que se trata de un contrato “opaco” que no contemplan si quiera la rendición de cuentas.
También señaló que fue algo irresponsable haber llevado el proyecto al Congreso Nacional un proyecto en el que “se cede” a un tercero una planta tan importante, y si haber hecho una auditoría técnica y financiera, por lo que consideró que la Dirección General de Ética debe llamar a capítulo a los responsables.
“Ahí hubo una tratada, si aún bajo todo ese escenario se hizo ese mamotreto un día antes de cerrar el Congreso ahí hay responsables que se deben llamar a capítulos, no es solamente decir que yo voy a retirar el proyecto y lo voy a llevar al CES”, agregó.
