EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, asistió este miércoles por segunda vez a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para un segundo interrogatorio en torno a presuntos actos irregulares durante su gestión.
Cuando llegó a la institución judicial, Peña se limitó a decir una palabra: «calmado». Así se siente el exfuncionario en torno a las investigaciones que pesan sobre él y que lo han llevado a un segundo interrogatorio de las autoridades.
Sus mismas expresiones escuetas fueron utilizadas por su abogado, Manuel Fermín, quien dijo que no puede revelar detalles de los interrogatorios ni de la investigación para no entorpecer las indagatorias del Ministerio Público.
Asimismo, el defensor del exfuncionario indicó que volverá junto a su cliente a la Pepca «las veces que sean necesarias» para responder sobre los hechos que se le señalan.
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«Hemos defendido la pulcritud y el cumplimiento del debido proceso, por eso no nos referimos al tema para preservar el secreto y que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo», destacó Fermín.
Peña fue destituido de su cargo en el 2017 por el entonces gobernante Danilo Medina tras un reportaje que revelaba supuestas incongruencias en su declaración de patrimonio.
Asimismo, sobre el exfuncionario y sus familiares pesan acusaciones de supuesta corrupción incoadas por la Fundación Sed de Justicia en las que se señala a Peña de enriquecimiento ilícito por presuntamente manejar irregularmente la ejecución de las líneas del Metro de Santo Domingo.
Supuestamente, a su paso por la OPRET, Peña sustrajo más de 9,200 millones de pesos que fueron alegadamente manejados por testaferros y familiares del señalado.
La querella de Sed de Justicia especifica que Peña Críque, en su condición de director de la Opret, usó como cortina a 14 empresas asociadas a sus hijos, esposa, yerno, amigos íntimos para hacerse con una considerable cantidad de contratos de obras en la construcción de las líneas del Metro de Santo Domingo, violando varias leyes, incluida la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, y la de administración pública.
