EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Francis Ortiz, representante legal de los esposos Julio Pozo Ortiz y Caridad Rodríguez García de Pozo, denunció este jueves que sus clientes presuntamente fueron estafados por más de un millón de pesos, junto a 33 personas más, en la compra de un apartamento a una constructora y que el proceso judicial lleva tres años y continúan sin respuestas.
Aseguró que luego de sus clientes haber depositado en sumas parciales unos U$20,000 dólares (un millón cien mil pesos), por concepto de adquisición del inmueble en el 2018, cuya querella supuestamente ha sido “engavetada” por el Ministerio Público, todavía es la hora que no han recibido una justificación del porqué de la dilación.
El togado realizó la denuncia en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con el objetivo de que la procuradora General de la República, Miriam Germán, intervenga ante la situación, alegando que supuestamente esta constructora estafó a más de 35 personas con el proyecto que nunca se levantó.
Explicó que a través de la encargada de venta de la compañía, Soribel Castillo, acudieron al Ensanche Naco, donde sería levantado el proyecto Kubrick Tower 16, luego de elegir el inmueble suscribieron contrato de compra, por el cual pagaron inicialmente 20 mil dólares en tres sumas, a través de los cheques 156513, 239961 y 239961, entre junio y julio del 2018.
Ortiz sostuvo que la querella data desde enero del 2019, marcada con el número de expediente No. 2019-01-06789-9, la cual no ha recibido la debida atención por parte del órgano persecutor.
Precisó, que la acusación fue depositada con constitución en actor civil, en contra de la entidad comercial Élite House, la señora Soribel Castillo, Kubrick Tower y su gerente, ingeniero Paino Henríquez, así como los señores Marcos de Moye Ruiz, José Augusto Mella Peña, Yahaira Estrella, Inversiones Pelarco, como responsables del fraude, en contra de los adquirientes.
Solicitaron además la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, tras afirmar que estas acciones van en detrimento de la buena voluntad que tiene el gobierno dominicano de fortalecer las alianzas público-privadas en el fomenta a importantes iniciativas dirigidas a cerrar la brecha del déficit de viviendas en el país, así como la necesidad de que cada ciudadano tenga un techo digno.
Ortiz precisó, además, que este tipo de hechos desmeritan la seguridad jurídica y el buen clima con que cuenta el país para la inversión extranjera, a su vez detiene la creación de empleos y por ende, retrasa el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.
