EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa técnica del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo este viernes que el Ministerio Publico carece de pruebas sólidas en el expediente acusatorio contra los imputados.
Tras salir de la audiencia donde se conocía la solicitud de prórroga de cuatro meses interpuesta por el órgano acusador y la revisión de medida obligatoria contra los principales acusados en el caso, alegaron que este pedimento es improcedente.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dirigido por la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, decidió aplazar para el próximo miércoles 23, para las 11:00 PM el conocimiento.
“Cuando se declara complejo, todos los plazos se duplican y no obstante a eso ahora piden prórroga, es decir, que cuando a Jean Alain se le dictó prisión preventiva, mil páginas y tres mil páginas, pruebas y pruebas, hoy vimos que todo fue una engañifa”, sostuvo Carlos Balcácer, parte de la defensa del exfuncionario.
Sin embargo, alegó que si el Ministerio Publico tenía esas pruebas, era el momento idóneo para presentarlas.
“A ocho meses de prisión hoy comulgan que no tienen las pruebas completas, el que está listo, dispuesto y preparado para afrontar una realidad procesal la hace, ¿por qué no acusan?”, añadió el jurista.
Mientras que la abogada, Ingrid Hidalga, aclaró que el MP tiene derecho a solicitar prórroga, si entiende que el tiempo otorgado en la medida de coerción no fue suficiente.
“Pero la defensa, entendemos que no hay que dársela porque desde el inicio dijeron que era un expediente blindado y que comenzaron este proceso inmediatamente hubo cambio de Gobierno, han abusado del tiempo”, señaló Hidalgo tras ser abordada por la prensa.
En ese sentido, dijo que el MP deberá justificar la medida coercitiva si logran la prórroga.
Se recuerda que el Ministerio Publico acusa al exprocurador y compartes de asociación de malhechores, prevaricación, usurpación de identidades, entre otros delitos de corrupción.
Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
