RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Foro Ciudadano, la Coordinadora Popular Nacional y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres invitaron a toda la familia dominicana a participar de la concentración cívica y ciudadana que tienen pautada realizar el miércoles 24 de julio en demanda de la aprobación de un Código Penal «que no signifique retroceso para el país en la lucha por el fin de la impunidad».
Durante una rueda de prensa realizada este domingo, los convocantes informaron que la actividad será a partir de la 5: 00 P. M. frente a la Palacio Nacional.
Esta sería la segunda ocasión que estas organizaciones sociales se concretarán en dicho punto para demandar al presidente Luis Abiander que ejerza su liderazgo para cumplir el compromiso que hizo con la sociedad dominicana de lograr un Código Penal moderno que permitan fortalecer la institucionalidad del país, sin menoscabar derechos de la niñez y de las mujeres, como de las comunidades en situación de vulnerabilidad, señala un comunicado.
Las organizaciones reiteraron el llamado a toda la familia dominicana a sumarse a esta concentración para no permitir que se apruebe un marco jurídico que contravienen innumerables tratados internacionales y preceptos constitucionales, como además de que permite un espacio a la impunidad al establecer que la corrupción administrativa no puede ser perseguida luego de 20 años de ser cometido los hechos.
“La prescripción de la corrupción en el Código Penal constituye un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y la transparencia. Permitir que los delitos de corrupción prescriban socava los esfuerzos por erradicar este flagelo, ya que otorga a los responsables la posibilidad de evadir la justicia simplemente esperando el tiempo necesario”, expresaron en el texto informativo.
Las organizaciones dijeron que estan preocupados ademas por la supuesta falta de disposiciones claras contra crímenes de odio y discriminación, como también por las restricciones severas en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la penalización de la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, lo que consideran que es un retroceso en los derechos humanos y la equidad de género.
