EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Punta Catalina no debe ser privatizada porque crearía convulsiones sociales inesperadas, advirtió este martes Yottin Cury, quien junto a otros juristas señaló que de aprobarse el contrato de fideicomiso sin modificar “entrarían una series de regulaciones en conflictos con el derecho y la Constitución”.
Los siete panelistas fueron Marcos Masso Garrote, Manuel Fermín, Bernardo Castellanos, Angel Lockuard, Yottin Cury y Andrés Va Der Horst, los cuales participaron en el seminario-debate: “Pertinencia y Viabilidad del Fideicomiso Punta Catalina”, en el cual sostuvieron que la obra no puede ser privatizada.
Yottin Cury, explicó que es necesario un marco legal y que el tema Punta Catalina debe ser ampliamente debatido “no solo eso, crearle un marco legal, para los fideicomisos públicos, a fin de que puedan darse las condiciones propicias para llegar a un consenso, el cual será el destino final de Punta Catalina”.
Destacó que el Estado sí puede autoadministrarse y puso como ejemplo el Banco de Reservas y la Refinería Dominicana de Petróleo las cuales se “administran muy bien”.
También argumentó que los fideicomisos son patrimonios de afectación y que estos no son admitidos en nuestro derecho, ya que, según dijo hay una serie de regulaciones que entran en conflicto con este contrato, por la cual este fideicomiso ha sido tan criticado.
“Si pasaramos al sector privado a Punta Catalina, al transferirla” dijo Cury, “ese sector privado va a buscar beneficios, no le va a importar el aspecto social y eso va a disparar el precio de la energía eléctrica, y su traspaso generaría un problema de tipo social que perjudicaría primero, al Gobierno, al pueblo y va a generar convulsiones sociales en los meses venideros”.
“La experiencia es que esta corriente neoliberal lo que crea es más desigualdad, por lo tanto, esos criterios de que el Estado no puede administrarse eso no es verdad”, reiteró durante su disertación en el panel Pertinencia y Viabilidad del Fideicomiso PC.
De su lado, Bernardo Castellanos afirma que el contrato de Fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas a tiene muchas falencias, debilidades que perjudican al Estado y le concede una “patente de corso, un cheque en blanco” al Comité técnico que tiene libertad para endeudar el fideicomiso al 100% de su valor.
Castellanos, dijo que Punta Catalina se entrega como parte de un activo, “tal como está en el contrato, el cual establece que Punta Catalina se entrega como garantía de los préstamos y deudas que se adquieren como fideicomiso, en consecuencia, si se produjera el caso de un incumplimiento de pago por parte del fideicomiso el contrato autoriza que el Comité técnico puede endeudar el fideicomiso hasta el cien por ciento de su valor”.
Según el valor declarado, agrega Castellanos, “ese comité técnico tendría derecho a endeudar hasta dos mil 350 millones de dólares, si incumple con los pagos de la deuda, y si se incumple dicho contrato se puede someter a la justicia al fideicomiso y embargar los bienes que se han ofrecido en garantías, es decir, hay un riesgo y es que Punta Catalina pueda pasar a manos de los acreedores”.
“El Poder Judicial es un control político”
Según el doctor Masso Garrote “en el Poder Judicial no se puede confiar porque es un control político”.
Algunas de las normas que están constitucionalizadas del Derecho Público, nos trae a colación si esta huida del Derecho Administrativo es pertinente porque se está delegando a un comité técnico unas responsabilidades que no son administrativas, porque no hay una figura jurídica definida, y ustedes están utilizando una figura jurídica del Derecho Privado para gestionar intereses públicos.
“Esa huida es un escape al ejercicio del control, de la legalidad que tiene que tener toda acción pública a los principios constitucionales y a la ley”, expresó.
“Con Punta Catalina se deben de dar los sistemas de control de garantías, sistemas de eficacia que están contenido en la Constitución”, agregó.
El mismo citó los artículos 138, el cual habla de transparencia; que son el 139 y el 140 que contienen principios que están constitucionalizados, principio de igualdad.
Recordó que en la Constitución de la República, hay unas series de normas aún no adecuadas por falta de reglamentación, para lo cual sugirió leer el artículo 139 de la Carta Magna referido al principio de la legalidad, el Estado de Derecho, por lo que señaló que todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución.
