EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Eléctricas, Andrés Astacio, reveló este jueves que actualmente el Estado se está preparando para realizar una auditoría a la obra Punta Catalina.
Esta obra motivada e inaugurada en el pasado gobierno de Danilo Medina ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por presuntamente ejecutarse con sobrevaluaciones y actos ilícitos.
Según Astacio, las autoridades están preparando todos los detalles para iniciar una auditoría a la referida planta eléctrica y así «esclarecer todos los puntos» que tienen que ver con la obra, su licitación y su construcción.
Al comparecer ante el Senado de la República para responder por su gestión, Astacio explicó que la auditoría que se pretende ejecutar no es de su competencia, pero indicó que la auditoría se está alistando.
El funcionario no precisó la fecha en la que será iniciada la investigación a la planta Punta Catalina porque la misma se escapa de sus funciones primordiales.
«Se está convocando un concurso para hacer una auditoría técnica y financiera de esa planta, pero aún no puedo detallar más puntos sobre el tema», comentó el titular estatal.
En su misma comparecencia ante los senadores, Astacio volvió a referirse públicamente sobre sus denuncias a las EDEs y reiteró que durante ocho años el Estado fue desfalcado con alrededor de $20 millones de pesos mediante contratos irregulares y contratos asignados directamente.
En ese sentido, el vicepresidente de las EDEs dijo que estas instituciones no habían sido auditadas desde el 2016 y agregó que la Cámara de Cuentas siempre se negó a realizar las indagatorias necesarias.
También, Astacio manifestó que el titular de todas las contrataciones fue Rubén Bichara, quien estuvo fungiendo como el firmante de los documentos por un poder que se le otorgó dentro del Consejo, por lo que se le atribuye las negociaciones con Punta Catalina y otras obras.
La visita del funcionario al Senado obedece a una resolución aprobada en la Cámara Alta, autoría del senador Antonio Taveras, y que establece que los directores, funcionarios y ministros están prestos a responder ante el Poder Legislativo.
