RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en litigios de asuntos impositivos, penales y corporativos, Pablita Cabrera Martínez, expresó su preocupación por las implicaciones adversas de la reciente implementación de la Ley de Facturación Electrónica en el sector mipymes del país.
Consideró que uno de los aspectos más alarmantes de esta legislación es el artículo 25, que introduce un requisito adicional para la obtención de instrumentos financieros y es que con la disposición los bancos e intermediarios financieros deberán solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) una certificación de riesgo fiscal y tributario antes de otorgar préstamos u otro instrumento.
“¿Qué implicaría esta certificación? Cuando usted tiene que solicitar es al banco que le van a entregar una certificación de riesgo suya en donde van a develar su intimidad empresarial desde la DGII hacia el banco, eso significa que la DGII perderá el deber de reserva de nuestras informaciones”, cuestionó.
Martínez fue entrevistada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Pablo Román, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región este y en Estados Unidos, Festiva TV.
(Ver programa).
Explicó que hasta ahora la DGII solo estaba autorizada a divulgar información en casos jurídicos específicos, como divorcios o asuntos penales, sin embargo, con esta nueva disposición se abre la posibilidad de una revelación indiscriminada de información empresarial confidencial.
Insistió en que la ley limita el acceso a créditos a sectores comerciales que no están sujetos a tributación, como vendedores ambulantes de alimentos y productos que no califican para el pago de impuestos.
“La ley cierra la puerta a que el que vende coco frío, al que vende yuca en el mercado, al que vende el plato de fruta, que no califica para tributar, pueda tener un préstamo porque ellos representarán riesgo tributario. La ley no solamente va a afectar a estos micro, sino también a los pequeños empresarios”, expuso.
Esta medida tendrá un impacto negativo no solo en los microempresarios, sino también en los pequeños empresarios cuyos estados financieros pueden no reflejar completamente su capacidad de pago, a pesar de contar con una buena reputación en entidades crediticias como Data Crédito.
En tal sentido, Cabrera Martínez hace un llamado a las autoridades competentes para que revisen detenidamente las implicaciones de la Ley de Facturación Electrónica en el sector empresarial y busquen soluciones que permitan conciliar los objetivos de modernización tributaria con la protección de los intereses de las empresas, especialmente, las más vulnerables.
