EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Abogados especializados en materia medioambiental y líderes comunitarios de la provincia Peravia acudieron este jueves al Senado de la República para depositar una instancia que busca que los legisladores rechacen el contrato de fideicomiso para administrar la Termoeléctrica de Punta Catalina.
Virtudes Martínez, una de las líderes de la localidad, advirtió a los senadores y al presidente de la República, Luis Abinader, que de no detener la aprobación del criticado fideicomiso, en Peravia se harán feroces protestas «que no sabemos a dónde vayan a parar».
La comunitaria explicó que en Peravia están opuestos al fideicomiso de Punta Catalina porque su pedimento original es que las operaciones de la planta sean convertidas a gas natural, por lo que con la aprobación del convenio la exigencia se haría imposible.
En ese sentido, Martínez denunció que Punta Catalina «está acabando» con la salud y el medio ambiente en Baní, agregando que esos aspectos «han mermado» en la comunidad por la contaminación que sale de la planta.
De su lado, el Instituto de Abogados para la protección del medio ambiente, representado por el jurista Euren Cuevas, hizo formal depósito de la instancia que busca detener el fideicomiso en el Senado al que calificó de «improcedente» al explicar que estos contratos son sólo de carácter privado y no públicos, como el que se estudia en el Congreso Nacional.
Cuevas admitió que el fideicomiso no establece una privatización de Punta Catalina, pero sostuvo que la conformación de un comité técnico integrado por empresarios para administrar el bien público podría devenir en la transformación privada de la obra.
«Entonces no beneficia en nada que se haga ese fideicomiso porque la planta produce millones de dólares mensualmente», destacó el abogado y advirtió que aunque no se habla de privatización, el mencionado comité técnico tiene la facultad de cambiar la Fiduciaria Reservas a otra sin la necesidad de informarlo.
Los comunitarios y abogados hicieron las advertencias a los senadores, quienes ahora tienen en sus manos el contrato para aprobarlo o rechazarlo.
