EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bajo la consigna «no a la dictadura», juristas pertenecientes al Colegio de Abogados del país (CARD), junto a varias organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comunes marcharon hoy hasta el Palacio Nacional, partiendo del Parque Independencia, en protesta contra la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI).
Miguel Surun Hernández, saliente presidente del CARD, indicó que dicha pieza autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a todo aquel que no entregue la información requerida al DNI.
«Nos encontramos ante un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes, obligados a entregar información al DNI, pues la ley 01-24 constituye un atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, el secreto profesional del abogado, del médico, la libertad de empresa y el principio de transparencia del Estado, afectando así el principio de separación de los poderes públicos», manifestó Surún.
Dijo que esta ley viola los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 70, 74, 169 y 138 de la Constitución Dominicana.
Surun Hernández advirtió que lo más peligroso de la legislación radica en el artículo 26, que consagra que periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público que no entregue información será condenado de 2 a 3 años de cárcel.
«La Policía Nacional es una policía de actualidad política está trabajando para reprimir a la oposición única y exclusivamente, vino preparada para reprimir la libertad de expresión porque esas son las órdenes directas de Luis abinader. Todas las instituciones están al servicio de la reelección corrupta que utiliza los bonos navideños, una reelección que está en contra de la expresión», señaló Surun.
Dijo que lucharán en contra de todas las medidas en contra de la Constitución que imponga Abinader.
«Con esto termina el secreto profesional del abogado, la cláusula de conciencia del periodista, el secreto de los archivos médicos, el secreto bancario y el secreto de las telecomunicaciones, institucionalizando así el caliezaje de Estado, todo al margen del debido proceso y sin fiscalización de un juez», enfatizó el jurista.
Señaló que igualmente se legitiman las viejas prácticas de interceptación telefónica y espionaje electrónico a opositores y comunicadores, al tenor del artículo 9, numeral 6,de dicha ley, que autoriza al DNI a escuchar y espiar las comunicaciones electrónicas de quienes, a juicio del director, sean de interés.
«No puede haber una ley que instituya una verdadera dictadura de información al mejor estilo de Augusto Pinochet o Trujillo, donde se despoja al Ministerio Público de su rol de jefe de la investigación penal, y se constituye al DNI como amo y señor de la persecución penal de opositores», agregó.
El profesional del Derecho, en representación del grupo de abogados, dijo que esperan que el presidente Luis Abinader cumpla su obligación de convocar una legislatura extraordinaria para que el Congreso Nacional devuelva el sosiego democrático al pueblo dominicano.
