EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un abogado que se presentó la mañana de este domingo a la cárcel de tránsito que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional, donde llevarán a los imputados en la operación Calamar afirmó que es prematuro dar declaraciones al respecto, debido a que no tienen documentación a manos.
La madrugada de hoy la Procuraduría Especializada de la Persecución y Corrupción Administrativa (Pepca) realizó simultáneos allanamientos en las residencias del exministro Hacienda, Donald Guerrero; el excandidato presidencial, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia.
Todos ellos han sido arrestado y se encuentran en la Procuraduría General de la República, donde están siendo interrogados para posteriormente ser llevados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en las próximas 48 horas el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción en su contra.
“Todavía no es prudente que demos información, el trabajo de ustedes (prensa) es bien valorado por la sociedad, la justicia y el sistema, pero por favor, en este momento es muy temprano para hablar, porque los abogados no tenemos a manos las imputaciones y las actas de allanamientos, ni ningún documento que nos permita hablar con propiedad”, sostuvo el letrado.
El jurista, que se rehusó a dar su nombre, dijo que en términos legales no tienen ningún documento para hablar con propiedad sobre la situación legal de los encartados.
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Además de esos tres reconocidos exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), figuran excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La acusación preliminar del órgano persecutor en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros.
