EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Eduardo Taváres Guerrero, mostró preocupación este lunes porque de aprobarse como está hasta ahora el proyecto de extinción de dominio, el tribunal que conozca estos casos será el único que dará legalidad a los bienes de los dominicanos, obviando incluso lo que establece la Ley 108-05 de Registro inmobiliario.
“¿Qué pasaría si ya la propia ley, la Constitución te dice ese inmueble es legal, ya el registrador de título calificó que fue en cheque, que cumplió con la Ley de Lavado, que el notario era correspondiente a la jurisdicción competente, que las personas estaban viva, me va a decirme otra ley que no, que es ilegal, ahí hay un choque?, al final la única que va a tener la autorización de la seguridad jurídica del Estado es ese tribunal, no puede ser”, cuestionó.
También expuso que según el proyecto que ahora regresa al Senado de República, la ley la va a manejar la Cámara Penal, sin embargo, la misma tiene una naturaleza mayormente civil.
El jurista fue entrevistado por Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y estableció que la finalidad de esta ley no es mala, pero la misma es demasiado amplia.
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“La finalidad no es mala, el tema es que es demasiado amplia la ley en el sentido de que al final, ese apartamento de esa provincia, de ese hotel o esa jeepeta que van a decomisar se la van a repartir entre el Estado, el Poder Judicial y la Procuraduría, y quien va a juzgar es el mismo Poder Judicial que también se va a beneficiar de eso, esto hay que verlo con pinza”, añadió.
También consideró que este proyecto se lleva por el medio todos los principios fundamentales del derecho que de buena fe han conquistado los dominicanos, por lo que abogó para que no se deje perder el ordenamiento jurídico del país para proteger un solo producto.
De igual forma, sostuvo que si se busca mantener el proyecto como lo aprobó el Senado, en el país se va a producir una cacería de brujas, porque se estipulaba que el denunciante de un bien supuestamente de origen ilícito se iba a mantener de forma anónima y se le iba a otorgar un 3% del valor de lo denunciado en caso de comprobarse la ilicitud.
“Esto se eliminó en la Cámara de Diputados y se incluye ahora un párrafo en el que se castiga esa denuncia temeraria en caso de que se pruebe que ese denunciante quería hacerle daño al afectado”, acotó.
El jurista indicó además, que los diputados pusieron un tope de 20 años a al figura de la retrospectividad, sin embargo, esto todavía hace inconstitucional a la ley porque el artículo 110 y 69 de la Constitución de la República establece que la ley rige para el porvenir y no de forma retroactiva.
“Ojo con esto, esta ley no solamente es para los políticos, ni para este Gobierno ni para el pasado, esto es para todo el mundo, esta ley puede afectar a quien sea, empresarios, artistas, deportistas”, precisó.
