EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yulibelys Wandelpool Ramírez, experta en derecho administrativo, manifestó que la Constitución dominicana mediante la Ley General de Salud 42-01 manda a que el Estado disponga de las vacunaciones obligatorias y que los ciudadanos tienen la obligación de someterse a los planes de vacunación, con dosis que están definidas por las organizaciones de salud como la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“La Constitución establece que el Gobierno es el garante de la salud de todos los dominicanos, sin embargo, ha habido una controversia en cuanto al derecho a la integridad y a la decisión que tiene cada ciudadano y su derecho a la salud que debe garantizarse”, manifestó.
Las declaraciones de Wandelpool Ramírez fueron emitidas en una entrevista realizada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con su Dra. Controversia”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
(Ver entrevista a partir del minuto 2:08).
La abogada afirmó que ya se han definido los parámetros y cuáles serán las políticas de vacunación para contrarrestar el virus del Covid-19, y dijo que de ahí surgirán las políticas públicas que se definen internamente en el país desde el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Trabajo.
‘’Naturalmente la ley no es específica en el caso del Covid-19, pero las vacunas obligatorias están definidas por las organizaciones de salud a las cuales el país está adscrito, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)’’, declaró.
Wandelpool Ramírez aclaró que no puede obligarse de entrada a una persona a vacunarse, “hay que hacer un contrapeso de derechos que están establecidos en la Constitución, que es muy clara estableciendo que cuando existe un choque de derechos hay que evaluar cuál tiene más peso afectando a la colectividad”, explicó.
Asimismo, expresó que si el Estado se ve precisado a iniciar una acción judicial para obligar a un ciudadano a vacunarse, un tribunal puede fallar a su favor, de modo que constitucionalmente el Gobierno puede obligar a la vacuna.
“El hecho de que una persona tenga las libertades de decidir o no vacunarse, pone en riesgo el derecho a la salud de la colectividad dominicana’’, expresó.
Por: Creiddy Peña
