El 3 de enero de 2026, Estados Unidos removió del poder a Nicolás Maduro, un hecho que muchos celebraron como histórico. Sin embargo, la caída del líder no significa el fin del régimen chavista ni la llegada inmediata de la democracia. El aparato político y militar sigue intacto, y la transición institucional está lejos de ser clara.
Durante años, Venezuela ha sido epicentro de tensiones geopolíticas: un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, recursos minerales estratégicos y una ubicación clave en la región. Para Washington, Caracas ha representado tanto un desafío político como una oportunidad económica. La administración Trump justificó su intervención bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero los datos contradicen esa narrativa: Venezuela no es un actor relevante en el tráfico de fentanilo hacia EE. UU. La operación parece responder más a intereses energéticos y estratégicos que a una cruzada antidrogas.
Tras la captura de Maduro, Trump anunció que EE. UU. administrará temporalmente los recursos venezolanos. Esto revela una prioridad clara: petróleo y minerales antes que democracia. Sin embargo, convertir esa promesa en realidad es complejo. La infraestructura petrolera está devastada tras años de desinversión y corrupción. Reactivar el sector requerirá miles de millones en inversión, tecnología y tiempo. Además, Venezuela sigue siendo un país institucionalmente débil, con riesgos altos para cualquier capital privado.
A esto se suma el contexto global: el precio del petróleo ronda los 63 dólares por barril, muy por debajo del nivel que haría rentable el crudo extrapesado venezolano, que exige procesos costosos y descuentos por calidad. Inyectar más oferta al mercado podría incluso presionar los precios a la baja, reduciendo aún más los márgenes. En otras palabras, la ‘mina de oro’ venezolana no es tan fácil de explotar.
¿La solución? Algunos sugieren seguir vendiendo petróleo a los actuales compradores, como China, bajo administración estadounidense. Pero esto plantea interrogantes: ¿qué tan dependiente es China del crudo venezolano? ¿Aceptará pagar precios más altos? Nada garantiza que Pekín ceda en un contexto de tensiones comerciales y competencia estratégica.
Mientras tanto, la demanda principal de los venezolanos —democracia— sigue en espera. Y aquí está el punto crítico: sin instituciones sólidas, seguridad jurídica y reglas claras, cualquier intento de monetizar recursos será frágil. La inversión necesita estabilidad política más que incentivos fiscales. Sin ese marco, el riesgo de litigios, corrupción y fracaso operativo es enorme.
En mi opinión, la secuencia correcta es clara: primero reconstruir la arquitectura institucional, luego atraer capital para reactivar la industria. Un pacto político que garantice elecciones verificables, separación de poderes y respeto a la propiedad privada reduciría la prima de riesgo y abriría la puerta a inversiones sostenibles. Lo contrario —priorizar el petróleo en medio del caos— puede convertir una victoria táctica en un pantano estratégico.
El 3 de enero marcó un cambio profundo, pero no una solución definitiva. Venezuela está en el centro de una disputa que mezcla geopolítica, recursos y soberanía. Si el objetivo real es una nación democrática y próspera, el orden de operaciones importa. Sin instituciones, ‘Venezuela LLC’ será más un espejismo que un negocio rentable.
Por Braulio A Rojas