Escuchar que imputados por desfalcar al Estado —funcionarios que han defraudado a la sociedad— queden en libertad con el simple hecho de devolver una parte de lo sustraído, resulta indignante.
Estos acuerdos de «colaboración» o «delación premiada» se justifican bajo la premisa de alcanzar una mayor eficacia en la investigación.
Sin embargo, el mensaje que envían a la Nación es devastador.
Para el hombre de honor, aquel que se gana la vida con el sudor de su frente, surge una pregunta amarga: ¿Realmente vale la pena ser serio?
Mientras los grandes negociantes del erario público regresan a sus casas tras pactar cifras que representan solo una fracción de lo robado, nuestras cárceles permanecen abarrotadas de personas por delitos menores que, ni por asomo, alcanzan la magnitud del dolo estatal.
El ciudadano honesto lucha contra la inflación, los impuestos y la escasez, aferrado a su ética.
El corrupto, en cambio, utiliza lo robado como ficha de canje para comprar su libertad y conservar el resto del botín.
Cuando la justicia se convierte en una mesa de negociación financiera, la seriedad parece un sacrificio inútil.
Si la honestidad no encuentra respaldo en el castigo al infractor, corremos el riesgo de que la integridad se convierta en una especie en extinción.
No podemos permitir que la justicia sea solo para quien no tiene con qué comprarla.
Al final del día, la sentencia podrá ser negociada en los tribunales, pero la paz de una conciencia tranquila no tiene precio ni admite acuerdos.