Fue el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández Domínguez, quien ha colocado recientemente en primer orden en la opinión pública nacional el tema de la indexación salarial por inflación. Lo hizo a través de un artículo titulado: “El bolsillo vacío de una ley ignorada”. Su planteamiento ha sido una exhortación al Poder Ejecutivo para cumplir con el artículo 327 del Código Tributario que manda a indexar los salarios con relación al impuesto sobre la renta (ISR), en función de la inflación experimentada en el año anterior.
A nuestro modo de ver este particular en el debate público ha tenido dos componentes principales: 1) técnico-legal y 2) político.
El primero se refiere al concepto de justicia fiscal (artículos 296 y 327 de la Ley 11-92, Código Tributario) que procuran mediante la indexación salarial mantener la equidad en el pago del ISR y un equilibrio entre la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores.
Lo cierto es que en los últimos ocho años, desde el 2017 cuando se realizó la última indexación, la inflación acumulada se calcula en un 48%, pero, lo alarmante aquí es que de ese tiempo hay un 31% que corresponde a la administración del PRM, es decir, desde agosto de 2020 a septiembre de 2025 ha habido una aceleración inusitada en la escala inflacionaria. Por tanto, se ha disminuido la capacidad de compra de los trabajadores y, en consecuencia, se ha encarecido su calidad de vida.
En ese sentido, el gobierno ha dicho que no está en capacidad de aplicar la indexación, pues, estaría dejando de percibir 18,000 millones de pesos y podría afectar las asignaciones de salud, educación u otras áreas. Pero, a decir verdad, no habría que tocar tales presupuestos. El senador le ha dado una pista y es comenzando por eliminar el gasto corriente improductivo que se mantiene con algunos programas de protección social que reflejan un abultamiento sin explicación alguna y pueden aducir clientelismo político.
El Ministerio de Economía registra más de 700,000 hogares vulnerables que reciben un apoyo económico del gobierno, sin embargo, se emiten ayudas del programa “Aliméntate” para poco más de 1.3 millones de dominicanas y dominicanos. ¿A dónde va la diferencia entre registrados y asignados?
Para Omar sería contranatura objetar en modo alguno políticas públicas de protección social de este o cualquier gobierno, pues, prácticamente todas son iniciativas, en diseño y ejecución, de las administraciones del expresidente Leonel Fernández. Por consiguiente, el planteamiento resulta válido para dar a entender que hay tela por donde cortar para cubrir las necesidades financieras del presupuesto general de la nación. Por ejemplo: eliminando excenciones fiscales que cumplieron su fin, combatiendo la evasión, reduciendo las partidas para publicidad o para la asignación autocrática de pensiones inmerecidas.
En el segundo componente, el político, las reacciones no se hicieron esperar. El primero en salir a contestar la propuesta del senador fue el director de aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), quien concentró su respuesta en el aspecto social del asunto y no en el aspecto técnico-legal de cumpliento con la ley respecto de la citada garantía salarial. Es obvio, están en falta y lo saben. Le siguieron el presidente del senado, el presidente de la cámara de diputados, senadores, diputados, ministros, directores, dirigentes políticos, etc. Nueva vez: TODOS CONTRA OMAR.
En su mayoría, como común denominador, han pedido al senador propuestas para resolver el incumplimiento de la indexación, sin oponerse al criterio de justicia que reviste la cuestión. Pero, cometen un error, pues, el senador ejerce fielmente su atribución desde el Congreso: fiscalizar. Eso precisamente ha hecho: identificar un problema en la ejecución de una normativa y planteado una idea que parte de la eliminación del gasto improductivo del gobierno.
Ahora bien, el senador está impedido de hacer la tarea ajena. Las autoridades se escogen para solucionar los desafíos correspondientes a su cargo y al momento de elegir se supone tener la capacidad de manejar las problemáticas del país. Más aún, el presidente de la república se ufanaba de decir en campaña que ha sido el único candidato en la historia que presentó un programa de gobierno con un presupuesto financiero adjunto.
En este episodio de la serie “Todos Contra Omar”, el senador se anota varios puntos y el oficialismo pierde. Pues ha concluido la semana laboral sin ningún planteamiento concreto por parte del gobierno y el senador Fernández, en cambio, con apoyos (hasta entonces subrepticios) en diferentes sectores de la vida nacional en el ámbito social, político, empresarial y sindical.
En todo caso, por el amigo Yayo haber enfrentado con vehemencia al senador, sus compañeros se vieron compelidos a “no quedarse detrás” y responder como comparsa esta vez. Y que bien, pues lo inició un aspirante a la presidencia, le siguió el presidente del PRM y continuaron los presidentes de las cámaras legislativas. Ha sido, en efecto, una controversia a nivel presidencial.
Eso es debatir con altura en el sentir del pueblo, pues, las encuestas tienen un año dando cuenta de que una amplia mayoría de compatriotas ven al senador Omar Fernández Domínguez como posible candidato presidencial y presidente de la República Dominicana.
«¡Gracias, Yayo! ¡Vamos!»
Por Borja Medina