Una deconstrucción política de la comunicación

La utilidad de la comunicación se ha visto reducida a la propaganda, a las crisis y a las elecciones. Una gran cantidad de políticos ha supeditado el ejercicio de una comunicación estratégica y efectiva, a la formulación de propuestas comunicacionales que procuran, principalmente, la búsqueda de “me gusta, comentarios y compartir”, en una palabra: “popularidad”. Lo cual, en sí mismo, no es pecaminoso. Sin embargo, se pierde lo importante: lograr las transformaciones sociales por medio de las ideas que se convierten en políticas públicas desde el Estado.

Aquello ha significado duros golpes y grandes retos para la administración pública. Puesto que, vemos como en todo el mundo los comunicadores de profesión u oficio, se han insertado en el mundo político y han accedido a posiciones electivas o designadas, y, de ser informantes, entretenedores o cualquier otro rol de su ámbito, se han convertido en gestores que toman decisiones al más alto nivel de una nación. Se han visto presidentes, ministros, directores, etc. Y, en muchos casos, no se ha evidenciado una formación en criterios para la aplicación de disposiciones o medidas factibles para la población que los elige.

Por ejemplo: desde Silvio Berlusconi, en Italia, hasta Jimmy Morales, en Guatemala. Solo por citar dos casos que dieron bastante para reflexionar en este sentido.

De esta manera, la comunicación está siendo subutilizada e inutilizada. La comunicación en esencia y como concepto transversal e intrínseco al ser humano es mucho más que popularidad, simpatía o intención de votos. La comunicación es la herramienta ideal para una gestión pública efectiva y para una práctica política de calidad.

En la República Dominicana, hay ejemplos positivos y negativos en este sentido. Quizás, en la actualidad, la deconstrucción política de la comunicación se proyecta y percibe más por el auge de las redes sociales y por el desmesurado interés de muchos en ser populares más que eficientes en su ejercicio gubernamental. Lo cual, inclusive, denota una falta de estrategia de comunicación gubernamental. Ya que hoy se perciben ministros, directores y funcionarios diversos en agendas particulares, que distan de lo que comunica la presidencia o el presidente de la república.

Lo anterior tal vez no se percibía igual en los períodos gubernamentales comprendidos entre 2004-2012, y, 2012-2020. En el primero había una concentración sobre una visión de país desde el gobierno y apenas surgían las redes sociales. En el segundo, aunque con las redes sociales en apogeo, había una estrategia clara, definida e inviolable que recaía exclusivamente en la figura del presidente dominicano.

En la actualidad, en cambio, no ocurre así. Desde el inicio de la gestión presidencial 2020-2024, se percibe una falta de cohesión en la comunicación pública, el presidente ha dicho cosas que han sido contrarrestadas por sus propios ministros y funcionarios, o, se ha dado igual con disposiciones entre instituciones de la misma jerarquía, superior o inferior. No se destaca una armonía en la estrategia de comunicación política para la gestión del gobierno. Tal vez se deba al hecho de que este ha sido el periodo presidencial que ha iniciado a la par con más proyectos presidenciales confesos desde una misma organización política.

La comunicación tiene un papel fundamental en la administración pública, desde la promoción de una cultura de debate e intercambio de ideas, hasta la orientación y la educación ciudadana sobre los temas más acuciantes de la población y el mundo en sentido general. Y, no menos importante, en la generación de credibilidad y legitimidad en las decisiones adoptadas por los políticos.

En orden cronológico, en el año 2006, el entonces presidente dominicano, Dr. Leonel Fernández, puso en marcha la realización de foros ciudadanos para consultar a los actores sociales sobre la necesidad de reformar la constitución y adaptarla a los nuevos tiempos, incluyendo derechos fundamentales, órganos estatales y disposiciones legales en sentido general.

Se consultó a la mayor parte de la nación. Desde los campesinos más remotos, hasta las esferas empresariales más encumbradas y, de hecho, a expertos internacionales que expusieron los argumentos que hacían válida la nueva constitución. Eso concluyó cuatro años después, en enero de 2010, con la proclamación de la Carta Magna dominicana de mayor reconocimiento y legitimidad en el país y el mundo.

Eso fue un ejemplo positivo de comunicación integral en la gestión pública: se generó un diálogo, se expusieron ideas, se arribó a consensos y se resultó en un nuevo producto constitucional.

Sin embargo, en ese mismo gobierno, se pudo evidenciar un ejemplo negativo de lo que estamos sosteniendo y fue con el caso de la asignación del 4% del presupuesto de la nación para el sector educativo.

Una gran cantidad de dominicanos se movilizó por ese reclamo. El presidente se limitó a decir, en escasas ocasiones y sin una atención empática, que no se debía asignar tal cantidad de recursos por el simple hecho de cumplir con la ley, sin un plan concreto de en qué se invertiría ese presupuesto.

Lo cierto es que el tiempo le dio razón. Pero, la ausencia de una estrategia que ponga en funcionamiento una comunicación primaria, transversal e integral, le generó la desafección que en lo adelante sus adversarios políticos utilizarían en su contra, y, el país, por su parte, todavía recuerda ese mal rato en ese período.

Sin irnos muy lejos en el tiempo, el actual gobierno tiene ejemplos negativos a borbotones. Se evidencia en el supuesto proyecto de “reforma constitucional” del que jamás se ha hablado, en la ley provisional de tasa cero que, concluida su vigencia, la población no ha percibido cuál fue su impacto positivo en los precios de la canasta básica familiar y se muestra, recientemente, con el proyecto de ley de fideicomiso público o, también, con el subsidio a los combustibles que, aun variando el costo del barril de petróleo, se han mantenido altos los precios de las gasolinas.

En fin, el ejercicio político de algunas figuras ha desnaturalizado la esencia de la comunicación en la función pública. Se ha empañado su utilidad y eficacia para la producción de políticas públicas que respondan al interés colectivo. Se ha minimizado, tristemente, a la transacción electoral, a la demagogia y a la proliferación de medidas ineficientes que procuran únicamente la popularidad de quienes las aplican.

Es triste porque, si existiese una conciencia y conocimiento técnico de la integralidad y transversalidad del concepto comunicación, no sólo se notaría en la calidad de la gestión y la satisfacción de la ciudadanía, sino, más bien, en la promoción de una cultura del diálogo, del debate y de las ideas, sobre todo, en la creación de un clima de paz social sostenible que tan necesario se hizo con la llegada del COVID-19.

Hay tiempo para rectificar.

 

El autor de este artículo es consultor político.