RESUMEN
El miércoles pasado, con motivo de cumplirse un año de gestión del actual Gobierno de la República Dominicana, el presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, se dirigió a la nación con una más que evidente intención de tratar de mostrar a la sociedad los logros alcanzados en el tiempo transcurrido hasta ahora. Eso a pesar de que tal evento realmente se debería realizar los 27 de febrero, como dicta la Constitución.
Como de costumbre, luego de la alocución, se manifestó la reacción de los que asumen estrictamente líneas, tanto oficialistas como opositoras, e igualmente reaccionaron algunos que se autodenominan como “independientes”. Sin embargo, opacados bajo todo el ruido, pasaron desapercibidos los que realmente tratan de esgrimir opiniones objetivas, las cuales son juzgadas casi siempre por los primeros, en base a sus propios prejuicios, sin dejar oportunidad al debate sincero de las ideas y la crítica constructiva.
Personalmente, siendo sincero no me puedo calificar como una parte desinteresada, pues soy tanto técnico como político, pero precisamente por esta doble condición estoy muy consciente de que con ciertos temas, sin importar en que bando estés, debe primar la sensatez y el raciocinio, pues su importancia trasciende las diferencias políticas o ideológicas, como es el caso, por ejemplo, de sortear la pandemia.
Por lo anterior, es que hace tiempo que me esfuerzo en ser objetivo y en demandar que el resto lo sea, apoyando y aplaudiendo, y reclamando del resto lo mismo, para aquellas iniciativas y acciones que son acertadas, indiferentemente de quienes sean los que las hayan llevado a cabo.
Justamente uno de esos temas primordiales y trascendentales, y más para un país de ingresos medios como el nuestro, es la gestión de la movilidad y la seguridad vial, por cuestiones que explicare más adelante. Una cuestión sobre la que pese a que no hay una consciencia unánime en toda la población, sí se consiguió en determinado momento que la totalidad de la clase política lo viese así, y muestra de ello fue la aprobación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Es por ello que primariamente me produjo gran tristeza que, en su discurso, el presidente dijera que se está emprendiendo una reforma en el sector transporte. Me parece que lo mal informaron, pues ya la reforma de este sector se había pactado y comenzado hace 4 años; mientras que lo que ha venido ocurriendo ahora es más bien una contrarreforma, para dejar todo como antes o peor si cabe.
Es importante resaltar que sobre la dinámica de desplazamientos de personas y mercancías se erigen las bases del desarrollo de las naciones, por lo que su gestión eficiente, segura y sostenible impacta directamente en la calidad de vida de la gente, en el crecimiento económico y la sostenibilidad medio ambiental. Además, para el país con la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito de Latinoamérica, 34.6 por cada 100 mil habitantes, se trata también de salvar vidas, cosa que no tiene precio.
No hace tanto tiempo aprendí que los muertos por siniestros viales no tienen ideológica política, por tanto, y considerando nuestros indicadores funestos en materia de seguridad vial, las políticas que se implementan para revertir esta situación deben consensuarse entre todos los actores sociales, políticos y económicos, cosa que precisamente se logró en el año 2017, al aprobarse por unanimidad la mencionada Ley 63-17, como refería anteriormente.
No en vano cabe recordar que esta ley tenía casi 6 años discutiéndose en el Congreso y no se lograba aprobar, pero se alcanzó el consenso de todos los actores, especialmente de todos los partidos políticos, gracias a que se sensibilizaron con las estadísticas fatales en materia de seguridad que ponían a la República Dominicana entre lo países más inseguros del mundo en esa área. Tal condición influía hasta en los niveles de alerta que hacen los Estados Unidos de Norteamérica para advertir a sus ciudadanos sobre tomar precauciones al viajar a países como el nuestro.
Entre los beneficios más esenciales de haber aprobado en aquel entonces una nueva política de gestión de la movilidad y la seguridad vial, estaba su enfoque integral que por si solo ya maximizaba la rentabilidad de los limitados recursos del Gobierno dominicano. Más de 5 entidades que ejecutaban acciones dispersas en el sector transporte fueron absorbidas por un nuevo órgano rector sectorial, al cual se le agregaron otras funciones relevantes.
Esa política, pero mejor aún el trabajo técnico que determinó la misma, constituyó un cambio de paradigma, un punto de inflexión, pues pasamos de un enfoque empírico del problema y sustentado en un marco jurídico obsoleto, a un abordamiento científico y asentado en un nuevo marco jurídico moderno que, entre otras cosas, hasta ordena al Estado usar los denominados Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). De esa forma, la nueva política de transporte procuraba, en parte, dejar de colocar a agentes de tránsito en labores relacionadas con el trabajo de los semáforos, y gestionar la compleja movilidad de la ciudad con tecnología.
Así que, en una síntesis muy básica, en el año 2017, todos los actores de la sociedad dominicana decidimos emprender una reforma en el sector transporte, partiendo del establecimiento de reglas claras, así como de la escogencia de una metodología integral y científica de abordamiento de la problemática, que requería y sigue requiriendo de continuidad.
Pero ¿Qué ha sucedido desde agosto del año 2020? Fundamentalmente se han tomado decisiones contrarias a lo acordado hace cuatro años, decisiones que se habían decidido con la participación del partido que hoy gobierna, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque sinceramente dudo que muchos de sus miembros sean conscientes de ello, empezando por su presidente.
El primer paso confuso del actual gobierno fue que designaron al frente del órgano rector de transporte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), al Sr. Rafael Arias, alguien que fue empleado por muchos años de uno de los mayores operadores de transporte público de pasajeros, CONATRA, quien además era o es un subalterno político del dueño de esa misma empresa, el Sr. Antonio Marte, último que también es Senador por la provincia de Santiago Rodríguez. Si esto no representa un conflicto de intereses, no se que sea entonces este tipo de conflictos.
Pero amén, soy consciente de que a veces en política manda el equilibrio de fuerzas, y hasta yo me dije: bueno, si al menos le determinan que se siga la dirección y le establecen unas líneas rojas, puede que no sea una hecatombe. Pero desgraciadamente fui comprobando desde el principio que simplemente no querían saber de lo que se había hecho, y que su intención era desarticular y borrar todo para detener la reforma iniciada.
A pesar de que he manifestado mi intención de colaborar con las nuevas autoridades en esta área, sin retribución alguna, pues como dije, los fallecidos por accidentes de tránsito no tienen bandería política, me he ido dando cuenta que allí se ha instalado una especie de España Boba, que supera negativamente, con creces, mis peores temores.
Así han ido sucediendo un más que limitado número de iniciativas. No sé cual de todas más loca, contraria a Ley, e ineficiente, tales como el Registro Nacional de Motores, un supuesto nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial no consensuado, con un horizonte temporal desaconsejado por organismos internacionales que compromete a futuras administraciones, las cuales, obviamente, se verán obligadas a retirarlo.
Además, en las constantes alocuciones del presidente se evidencia que no está siendo asesorado correctamente en materia de movilidad segura, pues le han escrito discursos en donde argumenta como única y principal medida para reducir las muertes por accidentes de tránsito, la construcción de una red de hospitales traumatológicos en toda la geografía nacional.
Si bien es cierto que la atención temprana mitiga las consecuencias de los siniestros viales (el 911 es buen ejemplo), no es menos cierto que para realmente reducir sus consecuencias mortales se debe tratar de prevenirlos, es decir, que no haya necesidad de que los ciudadanos utilicen las atenciones médicas. Por tanto, los mayores esfuerzos deben estar encaminados a evitar que estos ocurran, y en esta materia las ejecutorias han sido prácticamente nulas.
Planes específicos, como el de seguridad vial para peatones y otro dirigido a motocicletas, los dos tipos de usuarios de vías que representan más del 80% de las fatalidades por tránsito, han sido abandonados por las actuales autoridades, a pesar de haber sido iniciados hace un par de años, con el apoyo de organismos y expertos locales e internacionales.
Otro asunto totalmente dejado de lado en la actual gestión, han sido los reglamentos derivados de la ley 63-17, la mayoría de ellos aprobados en la gestión anterior, y otros pendientes de aprobar, pero que fueron desarrollados por técnicos independientes y sobre los que todos pudieron opinar en los preceptivos procesos de consulta pública.
Así se están perdiendo regulaciones destinadas al transporte de carga y de pasajeros, licencias de conducir, taxis, planes locales de seguridad vial, inspección técnica vehicular, planes empresariales seguridad vial, entre muchos otros más.
Otras iniciativas a las que solo había que darle continuidad, sobre las que escribiremos más adelante también, han sido descontinuadas, y aunque el presidente anunció el aumento de capacidad y alcance de medios de transporte masivo construidos por mandatos anteriores, así como el inicio de nuevos, como el tren de santo domingo y el monorriel de Santiago, brilló por su ausencia la continuación del plan de reordenamiento de transporte público de pasajeros.
Es una lástima, pues ya se había comenzado a planificar con sentido científico en este sector, pero volvemos a las ocurrencias, a lo inmediato, a la visiones limitadas y partidistas que, tantas veces, dejan al pueblo sin esperanza ni futuro.
Los sistemas de transporte masivo que ya tenemos tienen que complementarse con corredores de autobuses que los alimenten, es decir, sustituir los carros de conchos por autobuses modernos, pues no hay salida definitiva al congestionamiento que no sea movernos a la colectivización del transporte, de manera que disminuya la preferencia por el vehículo privado para desplazarnos y lo sustituyamos por el transporte colectivo.
Pero también se debe promover junto con todo lo anterior conceptos tan innovadores como el denominado Mobility as a Service (MaaS) o Movilidad como Servicio, que implica utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer soluciones personalizadas e intermodales de desplazamiento que estén centradas en las necesidades de los usuarios.
Por otra parte, y como si fuera poco, el presidente emitió el decreto 389-21 que crea en la Presidencia una nueva Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, la cual básicamente quita funciones asignadas por ley al INTRANT (y probablemente también al Ministerio de Obras Púbicas); es decir, volvemos a la época anterior al año 2017, donde teníamos varias entidades en el sector transporte cuyas funciones se solapaban o que las usurpaban a otras, pervirtiendo por no decir violando la Ley 63-17.
Así que no señor presidente, que no le engañen sus asesores, ni quienes usted ha puesto al frente de determinadas instituciones, y así no se verá obligado a hacer lo propio con la ciudadanía, pues en nuestro país desgraciadamente no se vive una reforma del sector transporte. Por el contrario, están desarticulando la reforma iniciada, que era de todos, también de su partido, la cual ya estaba siendo reconocida internacionalmente como uno de los mayores y más rápidos esfuerzos para cambiar una situación dramática de estado de la seguridad vial.
Pero quisiera pensar que aún estamos a tiempo. La reforma iniciada en el año 2017 solo tiene que continuarse y destinársele recursos presupuestarios, y entonces yo seré el primero en aplaudir el esfuerzo.
Presidente, si usted no tiene dentro de su propio equipo quien le diga la verdad de lo que está sucediendo en el sector transporte, entonces nosotros estaremos asumiendo esa responsabilidad, aunque como dije al inicio, lamentablemente en este país las críticas constructivas y objetivas son valoradas en función de los prejuicios de quien las escucha, lo cual en cierto grado pasará con esta misiva, pero por responsabilidad y ética no voy a declinar intentarlo, ni ahora ni nunca.
Por Hernán Paredes