Eso fue lo que pasó con Senasa, y puntualizo…
No un simple desfalco.
No una “irregularidad”.
No un error administrativo.
Un atentado directo, frío y calculado contra el derecho humano más grande que tiene cualquier persona: la salud.
Mientras el país seguía su vida, mientras la gente hacía filas para autorizaciones, lloraba frente a farmacias y apagaba velas por familiares que no resistieron la espera… un grupo de personas —y vale subrayarlo— ninguna de familia pobre, ninguna nacida en el barrio, todos de apellidos, todos exitosos, todos con acceso y privilegios… estaban ocupados saqueando el dinero destinado a quienes menos tienen.
Y ahí es donde a una, o por lo menos a mí me saca la piedra.
Ahí es donde jode, ahí es donde uno se pregunta:
¿Cuántas vidas se perdieron mientras ellos se enriquecían?
¿Cuántos pacientes murieron esperando un medicamento que nunca llegó?
¿Cuántos procedimientos fueron negados porque “no había fondos”?
¿Cuántas madres enterraron hijos por un seguro que rechazó una aprobación?
¿Cuántos dominicanos tuvieron que resignarse a un tratamiento incompleto mientras otros viajaban, cenaban y construían fortunas robando del bolsillo del pueblo?
Eso no es corrupción.
Eso no es “mal manejo”.
Eso tiene otro nombre: terrorismo contra la vida humana.
Porque cuando tú juegas con la salud del pueblo, cuando te beneficias económicamente del dolor de otros, cuando conviertes la desgracia ajena en un negocio… tú estás cometiendo un crimen que va más allá del dinero. Es un crimen moral, social, humano.
Y por eso, no basta con que devuelvan “un porcentaje”.
No basta con acuerdos, no basta con negociaciones, no basta con que dentro de un tiempo todo se olvide, como siempre.
Queremos cárcel, cárcel real, cárcel proporcional al daño, cárcel que envíe un mensaje claro: el que toca la salud del pueblo toca lo sagrado.
Y si la ley lo permite, la pena máxima. Porque aquí no estamos hablando de millones: estamos hablando de vidas, de familias quebradas, de dignidades aplastadas, de muertos que no deberían ser muertos; si el sistema en lugar de robar le hubiese podido brindar la ayuda necesaria.
Un país sin justicia está enfermo.
Pero un país que deja impune un crimen como este… ese país está en cuidados intensivos.
—
Pero lo que ahora sabemos revela algo peor
Porque si antes hablábamos de un crimen moral, ahora lo que ha salido a la luz muestra una estructura digna de un cartel financiero: un esquema sofisticado, descarado y meticulosamente ejecutado, donde cada engranaje tenía un rol, cada nombre un acceso, cada firma un precio.
Según las investigaciones del Ministerio Público, lo que operaba dentro de Senasa no era un grupo improvisado, era una organización criminal interna: manipulación de procesos de pago, alteración de documentos, creación de “programas especiales” sin sustento legal para desviar fondos, uso de proveedores y terceros para justificar movimientos irregulares y, por si fuera poco, sobornos para garantizar que el dinero siguiera fluyendo hacia los bolsillos correctos.
Las cifras duelen en la garganta, porque hasta apena decirlo: más de 12 mil millones de pesos se habrían desviado del sistema que sostiene la salud de millones de dominicanos.
Y, como siempre, los involucrados aparecen con apellidos de poder, nada de esto fue casual, para que una estructura así funcione, hace falta: acceso, impunidad, silencio, y sobre todo, la certeza de que nadie te va a tocar.
Así operaban: modificaban autorizaciones, alteraban estados contables, justificaban pagos fantasmas, aprobaban servicios inexistentes y usaban programas internos para esconder transferencias.
Esto no fue solo corrupción, esto fue meterle la mano al corazón de un país y apretar.
—
El cierre que no podemos evitar
A estas alturas ya no estamos hablando de moralidad. Estamos hablando de humanidad.
Quien toca el dinero de la salud, toca la vida del pueblo. Y quien toca la vida del pueblo, con conciencia, método y descaro… no es un corrupto: es un terrorista de la dignidad humana.
Y como todo acto de terrorismo, lo mínimo que se exige es justicia, la justicia que se exigiria por cualquier acto terrorista no metafórico; las consecuencias que se pedirian por un acto terrorista con repercusiones severas.
Lastimosamente nosotros no somos China u otros países en donde por menos corrupción que esta se otorga la pena de muerte; pero nos conformaríamos felizmente con los treinta años que otorga nuestro código penal.
Por Ann Santiago