RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente Surún Hernández, acompañado de un grupo de abogados, sometió una acción de amparo contra la Junta Central Electoral (JCE), exigiendo que se emita una resolución que detenga el uso masivo de ayudas sociales para la compra de votos y dirigentes de la oposición.
La organización recordó el artículo 210 de la Ley 20-23, de régimen electoral, que prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos. Hernández destacó que esto constituye una violación al principio de equidad y transparencia en los procesos políticos.
Además, señaló que el uso de bonos navideños como instrumento de cooptación y manipulación del voto es una práctica inaceptable que socava la democracia.
Puntualizó que en virtud del artículo 212 de la Constitución, la JCE está obligada a tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos electorales, especialmente cuando se trata de un plan para forzar la abstención financiera de la oposición mediante la compra de votos con bonos.
Denunció un presunto plan de compra de votos y cédulas desde la presidencia, involucrando a gobernadores provinciales, presidentes provinciales y municipales, así como presidentes de bloques.
Además, cuestionó la falta de transparencia de la Junta Central Electoral al prohibir la entrega de las actas de escrutinio correspondientes al nivel de diputados, lo que podría abrir las puertas a posibles fraudes electorales, como los ocurridos anteriormente con los regidores.
Finalmente, destacó la necesidad de garantizar la integridad de los procesos electorales y se señaló la presunta complicidad de la Junta Central Electoral en casos de fraude.
