EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió este lunes en ocasión de una solicitud de amparo, la recalendarización de la Licitación No. INTRANT CCC LNP 2025-0001, a que llamó Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el pasado mes de abril para el servicio de las licencias de conducir prestado por la empresa Dekolor.
De acuerdo a los abogados Juan Manuel Guerrero y Marino Feliz la propuesta debía realizarse este viernes 11 de julio. Los togados hablaron en ese sentido luego de la audiencia celebrada en el referido tribunal.
Dijeron que el tribunal suspendió la selección del contratista hasta tanto decida sobre el fondo de la acción de amparo interpuesta y aplazó la audiencia a los fines de que las partes sustentaran sus alegatos tomando conocimiento de las pruebas y citaran a las demás partes interesadas en la Licitación que ha sido recurrida por diversas vías.
Explicaron que esa Licitación ha sido recurrida por ante el Comité de Licitaciones del tribunal administrativo y por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante recursos que no han sido fallados.
La decisión judicial se produce luego de que este viernes el Intrant se querellara penalmente con contra de los directivos de DEKOLOR, por supuesto intento de chantaje para renegociar el contrato, lo cual el abogado Marino Feliz consideró “peregrino puesto que actualmente no existe ninguna posibilidad de renegociar el contrato en razón de que se ya se está licitando y toda actuación está referida a la transparencia y licitud de dicho proceso que tiene múltiples recursos pendientes de fallo en sede administrativa en el INTRAND y en la DGCP”.
El Intrant y su director, Milton Morrison presentaron el pasado viernes 4 de julio una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L. Esta querella presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) también incluye al presidente de la organización, Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción penal detalla una alegada trama de intentos de soborno, con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares y RD$3,000,000.00 mensuales, amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.
