EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes la solicitud de declarar inconstitucional el decreto presidencial 22-21, el cual procura recuperar el dinero supuestamente sustraído por los imputados de corrupción contra el erario público.
En el denominado caso Antipulpo, representantes de la empresa R&T Construcciones e Inversiones S.R.L, depositaron un incidente en el que buscaban que el mandato presidencial se declarara violatorio a la Constitución Dominicana.
Mientras que los imputados Julio Antonio Cabrera y Magalys Medina solicitaron que los abogados asignados por el Poder Ejecutivo sean excluidos del proceso judicial, por entender que carecen de calidad para representar al Estado Dominicano, ya que el mismo está representado por el Ministerio Público.
Las magistradas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo expresaron que con la representación de los defensores del Estado no hay ninguna transgresión a la Constitución.
Las juezas justificaron su decisión amparada en la ley 137-11 sobre el amparo, que dice que todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional.
Abinader, a través del decreto 22-21, designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez coordinador general del equipo de abogados y a José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez coordinadores de equipos.
El Ministerio Público en su expediente acusatorio de este caso, señala a más de 25 personas y establece que el principal acusado, Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario y utilizando tráfico de influencias realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios públicos, defraudando al Estado con 4 mil 796 millones de pesos.
Otras operaciones llevadas a cabo por el órgano acusador por corrupción son: Coral y Coral 5G, Operación 13, Medusa Calamar, Larva y Falcón.
