RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal involucrado en una red de corrupción presuntamente integrada por altos oficiales y alistados del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La defensa técnica de Cáceres había depositado la solicitud el pasado 6 de mayo, argumentando que en el proceso penal estaba excedido el plazo máximo legal establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el tribunal, compuesto por las magistradas Esmirna Giselle Méndez (presidenta), Tania H. Yunes y Jissel Naranjo dictó la Resolución núm. 249-02-2025-SRES-00089 en la que se rechaza dicha petición y se ordena la continuidad del juicio.
El caso contra el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina se originó en mayo de 2021, cuando le fue impuesta la medida de coerción de prisión preventiva por el Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Más adelante, el 26 de junio de 2023, el Sexto Juzgado de la Instrucción emitió un auto de apertura a juicio mediante la Resolución núm. 062-2023-SPRE-00090 que formalizó la acusación contra Cáceres y otros implicados.
La Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional apoderó al Primer Tribunal Colegiado, para conocer el caso el 25 de agosto de ese mismo año.
El Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Estado dominicano en calidad de parte querellante, presentaron sus respectivos escritos de oposición a la solicitud de extinción los días 8 y 13 de mayo.
Ambos sostuvieron que no se ha excedido el plazo legal para continuar el proceso y que aún existen etapas judiciales por agotar, entre ellas la continuación del juicio de fondo.
La acusación contra Adán Cáceres y sus coimputados está sustentada en violaciones a diversas disposiciones legales, incluyendo el artículo 146 de la Constitución Dominicana; artículos 123, 124, 166, 167, 175, 177, 178, 265, 266 y 405 del Código Penal; artículos de la Ley núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Bienes; la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; así como la Ley núm. 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico y otras infracciones graves.
Además de Cáceres Silvestre, el caso Coral involucra a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, al teniente coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de Rossy Guzmán), al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y al sargento de la Armada Alejandro Montero Cruz.
Todos están acusados de formar parte de una red que operaba desde instituciones castrenses para desviar fondos públicos mediante nóminas falsas, viáticos irregulares y contrataciones ilícitas, entre otros mecanismos de corrupción administrativa.
Según el Ministerio Público este entramado sustrajo del Estado más de 4,500 millones de pesos.
