Tribunal recesa para este miércoles audiencia de revisión de medida de coerción en caso SeNaSa

RESUMEN

Analizando noticia... por favor espera.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó para este miércoles a las 2:00 de la tarde, la audiencia de apelación a las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), debido a lo avanzado de la hora y a que aún restan exposiciones de la defensa.

El tribunal conoce dos recursos: uno que procura que los imputados beneficiados con arresto domiciliario sean enviados a prisión preventiva y otro mediante el cual los procesados recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras solicitan la variación de la medida que pesa en su contra.

Al término de la audiencia, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, explicó que el conocimiento fue aplazado porque no concluyeron los debates. “Nosotros terminamos la jornada lamentablemente por lo pasado de la hora. Se aplazó para mañana a las dos de la tarde y mañana vamos a seguir todavía en los debates, pero ya simplemente con la defensa que falta”, indicó.

Valerio reiteró la posición de su defendido y cuestionó la resolución impugnada, calificándola de carente de sustento jurídico. “Nosotros ratificamos que se trata de una resolución arbitraria y sin sentido jurídico”, afirmó el jurista, al insistir en que la medida debe ser revisada conforme a los criterios legales establecidos.

Previo a que el tribunal se reservara el fallo, el abogado Miguel Surun Hernández, quien actúa como querellante en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia, insistió en que los imputados beneficiados con arresto domiciliario deben ser enviados a prisión preventiva y cuestionó la estimación del monto del presunto fraude presentada por el Ministerio Público, al asegurar que el desfalco no asciende a 15 mil millones de pesos, sino a 43 mil millones, conforme a los resultados de una investigación de dos años.

“Mientras el Ministerio Público habla de 15 mil millones, nuestros cálculos sitúan el fraude real en 43 mil millones de pesos, dinero destinado a la salud de los pobres. Esto no es un simple evento administrativo, es un atentado contra el sistema de seguridad social”, afirmó el jurista.

Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier tipo de acuerdo o conciliación que pudiera beneficiar a los imputados, al considerar que los fondos presuntamente desviados estaban destinados a la atención en salud de envejecientes, niños y personas de escasos recursos.

En el proceso figuran como imputados el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica de RD$100,000 en el caso de las dos últimas. También están imputados Santiago Marcelo Hazim Albany, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.