RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, confirmó este lunes al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, los 18 meses de prisión preventiva que cumple en la cárcel de Najayo, acusado en el caso de corrupción denominado operación Calamar.
La magistrada rechazó los pedimentos de la defensa y fijó la próxima audiencia para el 11 de diciembre a las 9:00 am del año en curso.
En ese sentido, Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) expresó que las defensas no aportaron ni un solo presupuesto nuevo para que el tribunal acogiera variar la medida coercitiva.
“EL Ministerio Público ( MP) durante el conocimiento de esta revisión unos 18 presupuestos nuevos, incluyento un interrogatorio realizado el cual da cuenta de las supuestas maniobras realizadas por el imputado frente al Ministerio de Hacienda” manifestó Camacho.
El órgano persecutor informó que depositaron ante el tribunal las pruebas de ocho nuevos querellantes contra los implicados en este caso.
Con relación al lobista contratado por Guerrero, el titular del Pepca enfatizó que no se dejarán chantajear, que han depositados nuevos argumentos que demuestran que el acusado ha usado maniobras para presionar el sistema de justicia dominicano.
Por este caso también están vinculados el excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño.
También el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Á. y Víctor Matías Encarnación, quienes admitieron su participación.
El expediente de la acusación indica que los involucrados en el caso estafaron al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos.
