EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional intimaron este miércoles a los abogados de tres imputados en el caso de presunta explotación sexual llamado Cattleya, por inasistencia injustificada a la audiencia de hoy.
La magistradas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez les otorgaron un plazo de 48 horas a las defensas técnicas de los imputados Engel Nefthali Vargas Soto, María Paula Castillo Vargas y Zafiro Nataly Sánchez González para que informen si continuarán defendiendo a esos acusados.
De igual manera fue intimado el responsable del traslado al Palacio de Justicia de los presos preventivos Braulio Manuel Lugo y Oliver Arnau Lewinski, para que en la siguiente audiencia presente a los implicados ante el juzgado o para que explique las razones del no traslado de ellos ante las juezas que conocen este caso.
En este último caso, el tribunal advirtió que si no se cumple lo ordenado puede haber sanciones con una multa económica, conforme a lo que establece el artículo 306 del Código Procesal Penal Dominicano.
Por estos motivos la audiencia de este juicio de fondo fue aplazada para el próximo 24 de julio a las 9:00 de la mañana.
Otros procesados en este caso son: José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Además de Louis Marie Nephtalie, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).
También involucra a los hoteles Caribe y Oscar, ubicados en el sector Gazcue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
La supuesta red se dedicaba a traer al país a colombianas y venezolanas, bajo engaño, a quienes les hacían ofertas de empleos y cuando llegaban aquí las encerraban, drogaban y les decían que tenían una deuda entre 3 y 4 mil dólares que debían saldar.
De acuerdo a la acusación, una vez en el territorio dominicano, las mujeres eran mantenidas como rehenes, explotadas sexualmente y obligadas a pagar una deuda por concepto de los costos del viaje y del hospedaje, bajo la amenaza de ser deportadas.
