EL NUEVO DIARIO, VALVERDE.- La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Mao conocerá el próximo viernes 12 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra Máximo Mendoza, señalado como presunto responsable de falsificar actas de defunción en unidades médicas y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE).
Mendoza fue arrestado en Mao, Valverde, durante un allanamiento ejecutado en su vivienda, al establecerse con diferentes evidencias que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer el hecho delictivo.
Según la investigación, el imputado realizó los hechos entre diciembre de 2024 y junio de este 2025 con la intención de dañar a las personas que declaraba muerta por supuestas deudas económicas pendientes.
Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Supuestamente los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los doctores en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Explica el documento de solicitud de coerción que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social.
Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de RD$2,100, destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y 15 mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
Se le vincula de violación al Código Penal dominicano, por el uso y alteración de documentos públicos, basado en información falsa. También, una violación al artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, el cual se refiere a la falsedad.
El Ministerio Público indicó que dentro de las maniobras utilizadas por el imputado se destaca también su capacidad para fingir estados de aflicción emocional y física, simulando angustia y vulnerabilidad en momentos claves, especialmente al presentarse en centros de salud.
Los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, solicitaron la prisión preventiva al considerarla como la medida idónea y proporcional a la gravedad de la imputación, a fin de garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso.
Los fiscales también solicitaron que el caso sea declarado de tramitación compleja conforme a lo establecido en el artículo 369 y siguientes del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, en razón de la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, el uso de documentos públicos falsificados y la afectación directa a los sistemas de salud y registral, lo que exige una investigación más técnica y prolongada.
En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
