EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa deliberando y pospuso para las 5:00 de la tarde de este miércoles la lectura del fallo contra Alexis Medina Sánchez y demás acusados en el caso de corrupción administrativa.
El Ministerio Público solicita una condena de 20 años de prisión contra Medina Sánchez, implicado de liderar un entramado que distrajo del erario público más de RD$5,000 millones, así como el pago de 400 salarios mínimos.
Según las pruebas, el imputado dirigió una estructura ilícita sustentada en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y testaferrato.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los procuradores fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, pidió 15 años de prisión y 200 salarios mínimos para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda.
Así como 10 años de prisión para el expresidente del Fonper, Fernando Aquilino Rosa Rosa; la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez; y para Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
También solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En el caso de Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, se solicitó cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, mientras que, contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la Oisoe, pidieron tres años de prisión.
El órgano acusador requirió que todos los procesados sean inhabilitados por 10 años para contratar con el Estado o desempeñar cargos públicos, el decomiso de bienes incautados y la degradación cívica, además de que las penas se cumplan en los centros de corrección Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
Respecto a Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años suspendida, una multa de 500 salarios mínimos, prohibición de ejercer funciones en el Estado o el sector financiero, y la entrega voluntaria de RD$15 millones o bienes equivalentes.
Ortiz afirmó que las condenas solicitadas se ajustan a la gravedad de los hechos probados durante más de un año de audiencias y que comprometen la responsabilidad penal de los imputados.
La procuradora reiteró hoy que el Ministerio Público ha sustentado el caso con más de 90 testigos, pruebas materiales y más de 2,000 documentos que avalan la acusación.
