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6 de enero 2026
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Tres meses de prisión preventiva al alcalde implicado en muerte de regidor

Santo Domingo.- El juez de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Darío Gómez, dictó tres meses de prisión para ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís, por el ex síndico de Bayaguana, hoy imputado Nelson Osvaldo Sosa, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del regidor […]

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Santo Domingo.- El juez de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Darío Gómez, dictó tres meses de prisión para ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís, por el ex síndico de Bayaguana, hoy imputado Nelson Osvaldo Sosa, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del regidor Renato Castillo.

Al inicio del conocimiento de la medida de coerción iniciada a las 3 de la tarde, tanto el Ministerio Público, la parte civil y el Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, informaron su petición de un año de prisión para el alcalde de Bayaguana por considerar el caso “de complejo y delicado”.

Sin embargo, al término de dicho conocimiento, las partes calificaron como “justa la medida de 3 meses de coerción”.

David Ruiz, uno de los abogados de la víctima, informó que el juez encontró “real y efectivamente, tal como lo había expresado el Ministerio Público y representantes del occiso, elementos probatorios suficientes para sostener la teoría de la vinculación entre la autoría intelectual del alcalde de Bayaguana y autoría material del asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo”.

El alcalde inmediatamente quedó destituido, aclaró el Procurador Fiscal, y la vicesindica de Bayaguana debe asumir el cargo de alcaldesa.

Dionisio Restituyo, explicó que una de las solicitudes hecha por la parte civil querellante, fue sobre la imposición de una medida real de interposición para garantizar los derechos de las víctimas, entre las que se puede inscribir hipoteca judicial para garantizar 200 millones de pesos, pero dicha petición fue rechazada por el Juez.

El juez Darío Gómez, también fijó para el mes de octubre, a las dos de la tarde, la revisión obligada de la medida de coerción en la sala de audiencias de la Procuraduría de la provincia Santo Domingo.

Tomás Castro, abogado defensor del alcalde, dijo a la prensa que “había una línea bajada desde la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para esa decisión de los tres meses, es una medida prefabricada”.

Negó que “estemos en presencia de una industria de sicariato, porque en este país todos los días matan gente, dijo Castro, el crimen es una especie de alarma social que indica que en la sociedad las cosas no andan bien.

David Ruiz, abogado de los familiares se quejó de que aparecieron ciudadanos pretendiendo estar en la sala de audiencia sin ser parte del proceso.

Solo pueden estar en la sala de Audiencia el Ministerio Público, los querellantes y el imputado, la medida de coerción no tiene carácter público.

Por Lilian Mateo