EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó este martes que tres de los imputados en la Operación Pandora, una presunta red criminal que sustraía proyectiles de la Policía Nacional, han manifestado su intención de colaborar con las autoridades.
“Los imputados traicionaron la institución y al país. Por suerte, algunos de ellos han asumido su responsabilidad y decidieron de negociar con el Ministerio Público”, expresó Camacho.
El director del Pepca agregó que están dispuestos a recibir a todos los que quieran asumir los hechos y colaborar, tal como ha ocurrido en otros casos de presunta corrupción.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó la audiencia pasada las 11:00 de la noche del lunes, para continuar este martes, donde se espera que emita el fallo.
En la parte final de esta medida de coerción, el tribunal escuchará las réplicas de las distintas defensas.
Las medidas de coerción están dirigidas contra el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones, Juan Miguel Soler Pérez, Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez Espaillat, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura. También la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L.
La Operación Pandora, que llevó a la detención de los implicados, fue ejecutada en octubre tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la Policía Nacional.
En ella participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y más de 40 fiscales, quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
La acusación destaca que el capitán Víctor Manuel Santos Rodríguez, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, jugó un papel clave en la sustracción de 900,000 proyectiles. Según los investigadores, manipuló la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los registros, lo que fue detectado durante la investigación.
Durante las diligencias investigativas, se incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, registros de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos de dispositivos electrónicos. “Todo este material consolidó un robusto conjunto de pruebas que fueron presentadas ante el tribunal”, concluye el informe de la fiscalía.
