EL NUEVO DIARIO, ECUADOR. – Las autoridades penitenciarias de Ecuador confirmaron este lunes el traslado del exvicepresidente Jorge Glas a una cárcel en la ciudad de Guayaquil. Este movimiento se produjo después de que la Policía ingresara a la Embajada de México en horas de la madrugada para arrestarlo.
Este incidente ha generado la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México.
A través de un comunicado emitido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), difundido a través de redes sociales, informa que Jorge Glas, identificado como “el ciudadano Jorge G.”, ha sido trasladado al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 3, conocido popularmente como la cárcel de La Roca. Esta prisión de máxima seguridad alberga a algunos de los criminales más notorios del país.
Dicho traslado tuvo lugar después de que el exvicepresidente se pasara toda la madrugada del sábado en la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, en Quito.
Reacciones y defensa del presidente Noboa
Frente a la condena de México y otros países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Chile u Honduras, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha defendido el operativo para detener al exvicepresidente al esgrimir que una condena previa contra Glas prevalece sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.
Cabe recordar, que Glas, permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.
Esta maniobra del exvicepresidente se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.
