RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Representantes de la Asociación de Choferes de La Cuchilla, Medina – Santo Domingo (Asochomesado) y el Consorcio de Empresarios del Transporte Moderno (Coemtram) denunciaron este viernes que la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) y sus dirigentes supuestamente están promoviendo una ruta ilegal y fomentando acciones violentas en perjuicio de los transportistas que operan legalmente en la avenida Núñez de Cáceres.
Durante una rueda de prensa, los transportistas rechazaron las acusaciones de Tony Marte y Antonio Marte, quienes responsabilizaron a Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) y a Jairo Doñé, presidente de Coemtram, de invadir la ruta en conflicto.
Según los denunciantes, se trata de una campaña de desinformación para desviar la atención del verdadero problema: la operación de una ruta pirata que afecta el sistema de transporte.
Jairo Doñé, presidente de Coentram, explicó que la presunta ruta ilegal fue establecida por exmiembros de su organización que fueron expulsados por actos de corrupción, entre ellos mencionó a René Moya, a quien acusó de vender terrenos, sustraer combustible y luego ser acogido por Conatra para seguir operando de manera irregular.
“Nosotros hemos agotado todos los procedimientos legales y hemos solicitado la intervención del Intrant, la Policía Nacional y otras instituciones, pero seguimos sin recibir respuesta”, denunció Doñé.
Los dirigentes también señalaron que los promotores de la ruta ilegal han generado un clima de violencia en el sector, con amenazas y agresiones contra los choferes afiliados a sus organizaciones.
En un reciente altercado, alegaron que un chofer fue amenazado con un arma blanca, lo que generó caos entre los pasajeros.
“Estamos hartos de esta situación y no vamos a permitir que se siga atropellando a nuestros trabajadores”, advirtió Doñé.
Los transportistas exigieron al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tomar medidas inmediatas ante esta situación, afirmando que, pese a sus múltiples reclamos, la institución ha permitido la operación de una ruta paralela que viola la legalidad y afecta una línea de transporte que lleva más de 25 años operando formalmente.
Finalizaron advirtieron que, si las autoridades no intervienen, podrían tomar otras medidas de presión para defender sus derechos y los de los choferes afectados.
