RESUMEN
La madrugada del martes 8 de abril quedará grabada en la memoria colectiva del pueblo dominicano. El colapso del techo del emblemático centro nocturno Jet Set provocó una de las peores tragedias estructurales de nuestra historia reciente, dejando al menos 222 personas fallecidas y más de 189 heridas, sumando un total de 411 víctimas directas. Aunque las cifras oficiales contrastan con testimonios que hablan de una asistencia mayor, el dolor sigue siendo incalculable.
Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, acudieron a compartir alegría y música, y encontraron la muerte entre escombros, polvo y negligencia. La nación está de luto. A los deudos, nuestras más sentidas condolencias. Pero junto al dolor, debe alzarse una exigencia serena pero firme de justicia.
Porque la tragedia no puede convertirse en rutina ni la impunidad en norma. Aunque no se ha establecido mala fe por parte de los propietarios del establecimiento, la ausencia de intención no excluye responsabilidad. El ordenamiento jurídico dominicano contempla la figura del homicidio involuntario por negligencia, y sanciona a quienes, por imprudencia, torpeza o inobservancia de los reglamentos, causan muertes evitables. La ley es clara, y el artículo 319 del Código Penal así lo establece.
Este caso amerita una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. Resulta inconcebible que una edificación con evidentes señales de deterioro, como el desprendimiento constante de cemento del techo, siguiera abierta al público. Aún más grave es que, según reportes ciudadanos y material audiovisual, se realizaban labores de remoción de escombros durante el mismo concierto. Esta tragedia, entonces, fue anunciada.
Los propietarios y administradores del local tenían el deber legal y moral de garantizar condiciones estructurales seguras. Fallaron en inspeccionar, corregir y advertir. Esa omisión no puede quedar impune. Pero tampoco puede obviarse la cuota de responsabilidad de las autoridades competentes.
Entidades como el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuya vinculación es incluso más sensible por la pérdida de familiares cercanos del propio titular de la institución y, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), llamadas a prevenir este tipo de eventos, brillaron por su ausencia.
Desde la perspectiva civil, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes tienen pleno derecho a reclamar una reparación integral. La responsabilidad extracontractual se activa cuando una conducta negligente o una omisión pone en peligro vidas humanas, como claramente ocurrió en este caso. Esa misma conducta puede tener consecuencias penales si se tipifica como homicidio o lesiones involuntarias por imprudencia. De los delitos y cuasidelitos consignados entre los artículos1382 al 1386 del código civil dominicano, es fácil colegir la responsabilidad civil que debe asumir el o los propietarios del edificio desplomado Art. 1386.-
“El dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina, cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio en su construcción”.
A todo esto, se suma la cuestionable intervención de agencias del gobierno al remover los escombros sin respetar los protocolos de preservación de evidencia. Según el artículo 173 del Código Procesal Penal, toda escena donde haya indicios de un hecho punible debe ser tratada con rigurosidad para no contaminar la cadena de custodia. ¿Dónde está el acta de inspección? ¿Quiénes firmaron? ¿Estuvo presente el Ministerio Público? Las respuestas siguen ausentes.
El caso Jet Set refleja, con crudeza, las grietas de un sistema donde la supervisión técnica es deficiente, el control estatal es laxo y la impunidad suele prevalecer. No es un hecho aislado, sino un síntoma de una cultura peligrosa donde los beneficios económicos pesan más que la vida humana.
Esta tragedia nos duele. Pero debe dolernos aún más si permitimos que quede sin consecuencias. No hay justicia que devuelva a los muertos, pero sí puede haber justicia que honre su memoria, establezca responsabilidades y prevenga futuras desgracias. La República Dominicana está de luto, sí, pero también debe estar de pie, exigiendo verdad, justicia y respeto por la vida.