RESUMEN
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, resulta indispensable recordar que el derecho al trabajo digno no es una aspiración, sino un mandato expreso de la Constitución dominicana. El artículo 62 garantiza a toda persona un empleo digno, con remuneración suficiente y condiciones laborales que respeten su dignidad humana.
La realidad actual nos exige preguntarnos: ¿estamos cumpliendo este compromiso?
Hoy, más del 55% de los trabajadores dominicanos se encuentra en la informalidad. Esta situación no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que contraviene los principios establecidos en los artículos 7 y 62 de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 1 del Código de Trabajo, que reconoce al trabajo como función social bajo la protección del Estado.
Aunque se han registrado aumentos recientes al salario mínimo, alcanzando RD$27,988.80 para grandes empresas, el costo de la canasta básica nacional supera los RD$46,000,00, evidenciando una brecha persistente entre salario e ingreso necesario para sostener una vida digna. Esta disparidad afecta directamente la equidad social y los principios de justicia establecidos en el artículo 8.1 de la Constitución.
Además, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley No. 1-12) impone al Estado dominicano la obligación de propiciar un mercado laboral inclusivo, competitivo y formalizado, en el que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza sean posibles únicamente a través de empleos dignos y productivos.
En este contexto, la discusión actual sobre la reforma al Código de Trabajo cobra especial relevancia. Toda modificación legislativa debe respetar el principio de progresividad de los derechos fundamentales, consagrado en el artículo 8.1.4 de la Constitución. Reformar el régimen de cesantía o flexibilizar derechos adquiridos sin asegurar mecanismos de protección efectiva sería una regresión inconstitucional inadmisible.
Crecimiento empresarial y trabajo digno: un reto común
El fortalecimiento del empleo digno no puede lograrse ignorando la necesidad de un tejido empresarial sólido y competitivo. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan más del 96% del aparato productivo nacional, deben ser aliadas estratégicas en la construcción de un mercado laboral sostenible.
En consecuencia, el Estado dominicano debe promover políticas públicas que:
- Establezcan incentivos fiscales para las empresas que formalicen empleos y respeten los derechos laborales.
- Faciliten el acceso al crédito y financiamiento para negocios que fomenten prácticas laborales dignas.
- Impulsen programas de capacitación conjunta para elevar la productividad de los trabajadores y fortalecer la competitividad empresarial.
- Reduzcan las trabas burocráticas que dificultan la formalización laboral y empresarial.
Reconocer la interdependencia entre trabajo digno y crecimiento empresarial es esencial. Sin empleadores fuertes no hay empleos estables; sin trabajo digno, no hay desarrollo sostenible.
Un compromiso constitucional impostergable
A pocos días del primero de mayo, debemos asumir con seriedad que el reto de dignificar el empleo y fortalecer el sector empresarial no es solo un ideal: es una obligación constitucional para el Estado, el empresariado y la sociedad en su conjunto.
Construir un mercado laboral digno y un sector empresarial robusto no es una opción política ni económica: es la única vía para alcanzar el desarrollo humano integral y la justicia social que proclama nuestra Constitución.
República Dominicana merece un futuro donde el trabajo y la empresa no sean vistos como intereses enfrentados, sino como motores complementarios de un país más justo, próspero y humano.
POR: YULIBELYS WANDELPOOL
*La autora es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Laboral.
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