RESUMEN
Cuando pensábamos que la noticia principal de la semana sería la tormenta Melissa y las medidas adoptadas por el Estado ante su paso por la República Dominicana, otro evento irrumpió en la agenda nacional: la fijación de una audiencia judicial que promete sacudir los cimientos de nuestro béisbol profesional.
Este jueves 23 de octubre de 2025, por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, será conocida la Demanda en Referimiento interpuesta por los peloteros Emmanuel Clase y Luis Ortiz contra la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), en procura de su habilitación para lanzar con el equipo Estrellas Orientales durante el torneo en curso.
El origen del conflicto
Clase y Ortiz —lanzadores de Grandes Ligas para los Guardianes de Cleveland— fueron apartados a mediados de este año de su organización mediante una licencia remunerada no disciplinaria, conforme a un acuerdo con la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA). La medida se produjo tras el inicio de una investigación de Major League Baseball por presuntas vinculaciones con apuestas deportivas.
Una vez concluida la temporada regular en Estados Unidos, ambos jugadores se reportaron hace alrededor de un mes a los campos de entrenamiento de las Estrellas Orientales, con la intención manifiesta de integrarse al campeonato otoño-invernal 2025-2026. Sin embargo, apenas un día antes del partido inaugural, se enteraron —a través de su propio equipo y de los medios de comunicación— de que la LIDOM había decidido prohibir su participación en el torneo.
El dilema legal
La medida adoptada por la Liga nos obliga a revisar las bases legales que podrían sustentarla. Ni el Acuerdo de Ligas Invernales (Winter League Agreement), que regula las relaciones entre la MLB y las ligas afiliadas a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), ni el reglamento interno de la LIDOM, contemplan disposición alguna que avale una decisión de esta naturaleza.
En consecuencia, la prohibición choca directamente con un derecho innegociable consagrado en el artículo 62 de la Constitución Dominicana: el derecho al trabajo.
Sin fundamento normativo que la respalde, la medida parece responder más a un criterio ético o moral que a un sustento jurídico concreto.
Ética sin legalidad: una línea peligrosa
Históricamente, la ética y la moral han tenido un papel protagónico en la toma de decisiones dentro del béisbol dominicano, lo que ha permitido mantener la credibilidad del torneo invernal. Sin embargo, actuar por encima de la Constitución o sin un reglamento que respalde tales decisiones plantea un serio problema institucional.
¿Hasta qué punto puede una liga operar sin base legal, amparada únicamente en criterios morales o en la voluntad de su directiva, aunque cuente con el voto mayoritario de sus equipos?
La respuesta, esta vez, saldrá del terreno de juego para dirimirse en los tribunales.
Entre la imagen y el derecho
Nadie discute la necesidad de preservar la buena imagen de nuestro béisbol. Pero hacerlo sin reglas claras pone en riesgo la seguridad jurídica de los propios jugadores y equipos. En el caso que nos ocupa, el equipo desea contar con sus lanzadores, los jugadores están dispuestos a trabajar, y es la Liga quien se los impide, invocando argumentos morales que, aunque comprensibles, no encuentran respaldo legal frente a un derecho constitucional.
Una lección necesaria
Más allá del resultado judicial, este caso deja una enseñanza ineludible: la LIDOM y los seis equipos que la integran deben someterse a un proceso de revisión exhaustiva de sus reglamentos, con el fin de contar con normas claras, actualizadas y coherentes con el marco jurídico nacional e internacional.
Solo así podrá alcanzarse el equilibrio necesario entre la ética y la legalidad, que debe guiar a la institución responsable de regular nuestro Deporte Rey: el béisbol.
William Encarnación
Abogado especializado en Responsabilidad Civil.
Socio-Gerente de Plus Legal y Socio de Plus Collection.
Correo: wencarnacion@grupoplusrd.com