EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los accidentes de tránsito registrados en el país en los últimos días se han convertido en un tema de preocupación en el Congreso Nacional, creando la necesidad de que sea revisada la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su régimen de aplicación.
El diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, acusó al Gobierno de no aplicar un régimen sancionador de esta Ley que establece multas de hasta 70 mil pesos, por el costo político que esto representaría.
Crespo manifestó que “nosotros tenemos una ley nueva con multas viejas, las multas que se están cobrando son las de la Ley 12-07 que son mil pesos las leves y 1650. Si no se empieza a aplicar el régimen sancionador nosotros no vamos a ver un cambio de comportamiento”.
En ese sentido, el legislador sometió un proyecto de modificación a la ley 63-17 con la finalidad de reducir hasta en un 75 % las multas por infracciones de tránsito.
Esta iniciativa recibió el respaldo de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El incumbente de la Cámara Alta reconoció que las multas fijadas en la Ley 63-17 son inaplicables y “por eso desde que salió la ley nosotros sometimos un proyecto para que se modifique”.
De los Santos agregó que si bien es cierto que se deben establecer consecuencias para las infracciones de tránsito, estas tienen ser acorde a la economía de la población.
De su lado, Pacheco que “me declaro simpatizante de ese proyecto cuando lo consensuemos en los montos. Es interesante”.
El presidente de la Cámara Baja admitió que Tobías Crespo, siempre un abanderado de la regulación de la ley de tránsito en el país.
Mientras, el diputado oficialista Luis Gómez, expresó su respaldo a que se creen medidas que tengan efecto en el “bolsillo”, el tema no debe ser tomado para politiquear.
El representante de la provincia San Pedro de Macorís añadió que este tema debe ser abordado como nación y no como partidos políticos.
En los últimos días se han registrado accidentes dejando al menos un saldo de 20 personas fallecidas, colocando a la República Dominicana una de las tasas más altas de mortalidad por esta causa.
Este jueves, el director Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, acudirá al Senado para responder y explicar inquietudes de los legisladores sobre este tema.
Detalles del proyecto
Tobías Crespo, con relación al pago de las multas, dijo que al día de hoy bajo el principio de racionalidad y proporcionalidad su pago es inalcanzable para los ciudadanos por sus bajos ingresos, sobre todo los que ganan el suelo mínimo de 10 mil pesos y los que trabajan en la informalidad.
“Las multas que se están pagando son del año 2007, es decir tenemos una ley nueva con multas viejas, y en ese sentido lo que establece la ley 12-07 del año 2007, hace casi 20 años es el pago de mil pesos para las leves y mil 650 para las graves. En la nueva ley 63-17 se establecen tres tipos de clasificaciones; de uno a tres salarios mínimos para las leves, de uno a cinco salarios mínimos para las graves y de uno a siete salarios mínimos para las muy graves. Las multas están en montos desde 10 mil hasta 70 mil pesos, es muy difícil que un motoristas, un deliverys y los ciudadanos con ingresos de salarios bajos paguen unas multas tan altas”, señaló.
Explicó que la pieza plantea que como el salario mínimo es de diez mil pesos y para que se mantenga, indexado a futuro, propone bajar las multas en un 75 por ciento, eso establece que las multas más leves de las leves serian de 2 mil 500 a diferencias de 10 mil pesos, y las más altas de las graves estaría en 17 mil 500 pesos, que actualmente son de 70 mil pesos.
“A la vez este proyecto distribuye los montos de las multas para los ayuntamientos, alcaldes en la municipalidad. Si la violación es en el municipio, el 40 por ciento del monto recaudado por las multas sería del ayuntamiento local, un 20 por ciento al Intrant, otro 20 a la Digesett y el restante 20 a la Procuraduría. Actualmente todo el dinero va a ésta última y no se distribuye al sector”, manifestó.
El diputado de la FP significó que el proyecto, que perimió hace aproximadamente cinco años, aportaría tres puntos importantes; fomentar que el régimen sancionador empiece su aplicación con la reducción de monto de las multas, distribuir el porcentaje de las multas de manera equitativa entre los entes u órganos que tienen que ver con el sistema, así como además, resolver un conflicto que hay actualmente en el sistema de justicia, con un cuello de botella de “tira y jala”, entre los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz y especiales de tránsito por un tema de competencia.
