EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Salvador Catrain , representante legal de los establecimientos chinos cerrados por presuntas irregularidades, informó la suspensión de la rueda de prensa pautada para este domingo tras recibir una llamada por parte de las autoridades con la finalidad de abordar la clausura este lunes.
“Queremos llegar a una solución en este tipo de conflicto y esta mañana recibimos una llamada de las autoridades competentes y nos están convocando a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana, donde nosotros entendemos que comenzará un proceso de diálogo”, dijo.
De igual manera, el abogado refirió que esperan que dicha convocatoria ofrezca soluciones que garanticen la posición que ha asumido el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y los derechos de las empresas de origen chino.
“Nosotros representamos interés y entendemos que el diálogo, la conversación y los acuerdos consensuados son la mejor formar de arribar este tipo de problemas”, indicó Catrain.
Sobre el cierre de comercios
El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Vivienda, paralizó las operaciones de naves industriales y comercios chinos que operaban en el Gran Santo Domingo, basándose en el principio de “autotutela administrativa.
En una nota de prensa, el ministerio refirió que era una medida totalmente preventiva y que dichas tiendas tenían la oportunidad a lo posterior de reponer sus servicios cuando estén debidamente reglamentadas.
Manifestaron que dichos procedimientos forman parte de la ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06) , que indican la obligatoriedad de licencia de construcción y certificación como requisitos para la operación de edificaciones en el país.
El ministerio advirtió que no cumplir con los requisitos constituye un ilícito administrativo.
Entre los comercios clausurados temporalmente se encuentran: Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall)y La Rocca.
Según una nota de prensa, más de tres mil empleos se encuentran en riesgo debido a estos cierres, además de una importante contribución fiscal que el Estado dominicano está dejando de percibir. Lo más preocupante es el impacto sobre la población consumidora, ya que estos comercios son reconocidos por ofrecer productos a precios accesibles, beneficiando directamente a los hogares dominicanos y contribuyendo a la libre competencia del mercado.
