RESUMEN
MIAMI, EE.UU. – El Supremo de EE.UU asestó este miércoles un revés a los solicitantes de asilo al dificultar que puedan presentar nuevos argumentos de “persecución” ante jueces federales, una decisión que refuerza los criterios de las agencias migratorias del Ejecutivo y podría agilizar las deportaciones.
La decisión del alto tribunal establece que las cortes federales deben otorgar deferencia a las determinaciones de las autoridades migratorias al evaluar si los hechos de un caso constituyen persecución, en lugar de revisar íntegramente cada solicitud.
El fallo fue adoptado de manera unánime por la Corte Suprema de Estados Unidos y se basa en el caso de Humberto Urias Orellana, un ciudadano salvadoreño que alegó amenazas de pandillas y riesgo de persecución en su petición de asilo.
Deferencia a las agencias migratorias
La sentencia determina que los tribunales federales no deben reinterpretar completamente los hechos ya evaluados por las agencias de inmigración, salvo que exista un error manifiesto. De este modo, prevalecerá el criterio técnico del Ejecutivo en la calificación de “persecución”.
Las autoridades migratorias habían concluido que no existían pruebas suficientes para sustentar el riesgo alegado por Urias Orellana. El Supremo consideró que no corresponde a los jueces federales rehacer ese análisis desde cero.
Reacción del Gobierno de Trump
El Departamento de Seguridad Nacional celebró la decisión como una “victoria para el pueblo estadounidense”, al sostener que algunos “jueces activistas” habían permitido que extranjeros en situación irregular presentaran alegatos infundados para frenar su expulsión.
Por su parte, la Administración del presidente Donald Trump considera que el fallo facilitará su política de endurecimiento migratorio, en un contexto en el que —según reportes del Congreso— más de 2,4 millones de solicitudes de asilo permanecen pendientes en los tribunales de inmigración.
Fundamento legal de la decisión
La resolución, redactada por la jueza Ketanji Brown Jackson, reafirma lo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que dispone que el Ejecutivo “puede conceder” asilo si determina que el solicitante cumple con la definición de refugiado.
Para ello, el peticionario debe demostrar que no puede regresar a su país de origen debido a persecución o a un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.
Impacto en el sistema de asilo
Simpatizantes del Gobierno interpretaron el fallo como un espaldarazo a agencias como el Servicio de Inmigración y Aduanas, al limitar la posibilidad de introducir nuevos alegatos tras una orden de deportación.
Desde el inicio de su mandato, Trump ha implementado restricciones al sistema de asilo, incluyendo la suspensión de nuevas solicitudes en la frontera con México, el freno a los programas de refugio y la ampliación del plazo para que los solicitantes obtengan permiso de trabajo.
Analistas advierten que la decisión podría reducir las instancias de revisión judicial y acelerar procesos de expulsión, lo que genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
