EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El subintendente de armas de la Policía Nacional, Juan Miguel Pérez Soler, interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que busca anular lal prisión por acusación de venta de proyectiles.
Pérez Soler, es uno de los implicados en la venta de 900 mil proyectiles de la Policía Nacional, quien busca anular la prisión preventiva de 18 meses que cumple por este caso.
De su lado, Carlos Novas, abogado de Soler, dijo que tiene elementos probatorios suficientes para revocar esta medida que pesa en contra de su defendido.
Nova expresó que está confiado en que los jueces de la Alta Corte no se dejarán amedrentar por el Ministerio Público, “como ha sucedido con otros magistrados”.
El jurista, también, consideró que la investigación sobre este proceso debió iniciar en el Departamento Financiero de la Policía, explicando que la única función de su cliente era asignar armas.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional (OSAP) dictó prisión preventiva a siete policías, por presuntamente, pertenecer a una red criminal integrada por policías, quienes son investigados en la denominada Operación Pandora.
Además, de Juan Miguel, la jueza Fátima Veloz envió a la cárcel por un año y seis meses el Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; Nelson Valdez; Ángel Rubiel Martínez Bacilio; Juan Luis Díaz Medina; Morelbin Medina Pérez y Marino Antonio Rodríguez Toribio.
Todos están recluidos en Operación Especiales, ubicada en Santo Domingo Oeste (SDO), por su condición de agentes policiales.
Asimismo, la magistrada dispuso impedimento de salida y presentación periódica para Víctor Manuel Santos Rodríguez, con una garantía económica de tres millones de pesos, a Miguel Ángel Gómez Espaillat garantía económica de 2 millones de pesos y prisión domiciliaria para Miguelina Bello Segura, la única civil involucrada en este caso.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó el presunto hecho realizado por policías como una traición al país y a la institución policial.
La acusación detalla que el capitán Santos, con más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas, fue clave en la manipulación de la auditoría de febrero y se asoció con los líderes de la red criminal para alterar nuevamente los números, lo cual fue detectado por los investigadores.
Durante las diligencias investigativas, se incautaron armas, proyectiles, evidencia digital, transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos de dispositivos electrónicos.
