EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Confederaciones Autónoma Sindical Clasista (CASC), Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Nacional de Unidad Sindical (CNUS) manifestaron preocupación este jueves por la rotura de la paz laboral que, según afirman, desde los sectores empresariales y gubernamentales supuestamente se está promoviendo.
En una rueda de prensa conjunta afirmaron que es “lamentable, nos vemos obligados a hacer el anuncio a partir de los anteproyectos de reformas no consensuados tripartitamente, como había sido prometido por el señor Presidente (Danilo Medina), que fueron sometidos por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional”.
Explicaron que decidieron retirarse del diálogo que se venía sosteniendo sobre la modificación al Código Laboral, transfiriéndolo el tema de la cesantía del Artículo 80 de la Ley 16/92 o Código de Trabajo al proyectado Instituto Nacional de Riesgos Laborales, que además de la misión para lo cual supuestamente será creado, asumiría la protección por desempleo y desahucio, cuando los/as Trabajadores/as sean dejados cesantes por sus empleadores.
En ese sentido, Rafael (Pepe) Abreu, actuando como vecero, expresó que “eso implica que la cesantía laboral sería calculada en base al mínimo vigente en el sector de la economía al que pertenezca el trabajador, tomando en cuenta la existencia de más de 14 salarios mínimos en el país y cuya aplicación también aboliría el contenido de la Ley Laboral que establece el cálculo de las prestaciones sobre los promedios salariales del último año o fracción del último año”.
Esto quiere decir, agregó Pepe Abreu , que el trabajador tendría pérdida doble en esta absurda pretensión de eliminar la cesantía de la ley laboral.
En tanto que Gabriel del Río Doñé, presidente de la CASC, alegó “en segundo lugar consideramos que el cumplimiento de la ley 87-01 en el mandato otorgado para la adecuación del IDSS, 18 años después lamentablemente, no se asumió, esta situación generó una mayor carencia y precariedad en la mayoría de los servicios que presta a los trabajadores afiliados y una incertidumbre permanente en los empleados por su permanencia en el empleo, por lo que demandamos al gobierno les garantice el puesto de trabajo.
Solicitó además que el Gobierno garantice el tripartismo en el Instituto Nacional de Riegos Laborales (INARIL), con la participación de las tres centrales principales del país, y asegure una pensión digna con su último salario a los trabajadores del IDSS, con más de 20 años de labor en esa Institución.
Mientras que Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, entiende que en el paquete de anteproyecto enviado por el Mandatario hay un punto que llama poderosamente la atención, resulta que funcionarios del Gobierno y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en ausencia de los sujetos fundamentales que son los trabajadores del sistema de pensiones, se reunieron para acordar que en escala descendente, el monto de las ganancias de las AFPs va a ser reducido para con el ahorro de 40 mil millones, supuestamente aumentar las futuras pensiones de los afiliados.
“Pero ocurre que en los hechos las AFP resultarían altamente gananciosas porque en resumen el volumen crecería vertiginosamente y la seguridad de estas instituciones para sus ganancias no dependería del resultado de las ganancias obtenidas por inversiones, sino del monto de los fondos acumulados”, se quejó.
Por todo lo anterior, las tres mayores centrales sindicales manifestaron “Continuaremos nuestra luchas para hacer realidad la atención primaria para os trabajadores y su familia del régimen contributivo como mana la ley 87-01”.
Informaron que dada la situación, “el movimiento sindical como primera acción ha decidido la convocatoria para el próximo miércoles 10 de abril del año en curso, a partir de las 10.00 a.m. de una Gran Marcha por los derechos de los trabajadores que partirá del Parque Enriquillo al Palacio Nacional; llamamos a la clase trabajadora sindicalizada y no, así como a toda la sociedad solidaria a marchar por las demandas reivindicativas de nuestro sector”.
