Recientemente fue allanado el bar Sinaloa Drink en Baní, antes de que pudiera abrir sus puertas.
La razón: tenía imágenes de El Chapo, Popeye y Escobar en su decoración. Las autoridades alegaron que eso constituía una exaltación del narcotráfico, y se ampararon en el artículo 36 de la Ley 50-88. Pero lo que esa ley prohíbe es la propaganda que promueva el consumo de drogas, no la representación de personajes históricos ligados al crimen. ¿Desde cuándo una imagen en una pared equivale a incitación? Lo que se produjo allí fue un exceso, un acto de arbitrariedad y mala interpretación de la ley de drogas. No porque me parezca admirable la figura de esos capos —todo lo contrario—, sino porque el Estado no puede actuar por impulso ni por escándalo. La Constitución es clara: nadie puede ser impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Si no hay una norma que prohíba colocar esas fotos, ¿con qué base legal se clausura un negocio que tenía todos sus permisos en orden?
La estética provocadora incomoda, sí. Pero incomodar no es delito. En Medellín hay un museo de Roberto Escobar y, por ser hermano del jefe del cartel, aparecen fotos de este. En Panamá, restaurantes con nombre e imágenes alusivas a la mafia. Aquí mismo, en Santo Domingo, hay cabañas y cócteles llamados Éxtasis, y nadie los allana. ¿Por qué entonces se castiga a este bar? ¿Por su nombre? ¿Por su estilo? ¿Por prejuicio?
No defiendo la glorificación del crimen. Pero sí defiendo el derecho a la expresión, incluso cuando es incómoda. Confundir mercadeo con apología es un error. Y peor aún, confundir provocación estética con delito es una forma de censura. La lucha contra el narcotráfico no se gana clausurando bares porque tengan imágenes, se gana con educación, con justicia, con oportunidades reales, creando nuevos paradigmas de personajes que motiven a los jóvenes que hoy ven en esos capos una figura de poder porque no tienen otra.
Si realmente se quiere criminalizar todo lo que tenga que ver con imágenes de estos personajes, que empiecen por lo estructural. Que prohíba las narconovelas que romantizan el crimen, que se regule la venta y uso de camisetas con la imagen de Escobar como si se tratara de un ícono pop, que cuestione los discursos que normalizan la violencia como símbolo de éxito. Porque si se persigue una pared decorada, pero se permite que la televisión y la moda glorifiquen al narcotráfico, entonces no hay coherencia, hay espectáculo.
El bar Sinaloa Drink pudo haber sido un espacio para reflexionar, para debatir, para convertir la memoria del dolor en conciencia colectiva. Pero en vez de diálogo, hubo allanamiento. Y en vez de aplicar la ley con rigor, se actuó con arbitrariedad.
Lo que pasó en Baní no es una estrategia contra el crimen. Es una muestra de ignorancia legal y de desprecio por los derechos fundamentales. Porque además del principio de legalidad, se violó el debido proceso, se ignoró la protección a la propiedad privada. Todo eso está en la Constitución. Pero parece que, para algunos, la ley solo se aplica cuando conviene.
No se trata de defender capos. Se trata de defender el Estado de derecho. Porque si se puede clausurar un negocio por estética o mercadeo provocador, mañana podrá hacerse por ideas. Y eso sí que es peligroso.
Por: Juan Manuel Morel Pérez. Abogado.