RESUMEN
Esperaba que algún día este momento llegara. Y lo escribo no solo con el aval de mis años de experiencia en el mundo digital, sino también en mi condición de padre: con la claridad de que lo que hoy vemos apenas es una antesala de lo que la tecnología y su velocidad nos está colocando enfrente como sociedad, especialmente cuando hablamos de crianza.
Hay un ejemplo sencillo que ayuda a aterrizar el debate: a un hijo menor de 16 años no le entregaríamos un carro para que conduzca por las calles, por más “maduro” que parezca o por más confianza que le tengamos. No por castigo, sino por responsabilidad. Porque entendemos que conducir implica riesgos, reglas, consecuencias y un nivel de criterio que se forma con el tiempo. Pues bien: habitar el mundo digital también merece ese mismo enfoque. No es un juego.
No es un “déjalo que aprenda”. Es un espacio enorme, con beneficios, sí, pero también con peligros reales.
Porque, aunque cada familia de manera autónoma debe ajustar sus reglas y valores dentro del hogar, hay una realidad que ya no se discute: el mundo de nuestros jóvenes es inmenso y hoy cabe en la pantalla de un celular o una tablet con acceso a internet. Y ese acceso no ocurre únicamente en la sala de la casa; ocurre en cualquier esquina donde haya señal, en cualquier espacio donde un menor se mueva.
Y no hablamos de miedos abstractos. En Australia, por ejemplo, la autoridad de seguridad online (eSafety) ha señalado que el ciberacoso es una experiencia común entre niños y adolescentes: más de la mitad (53%) entre 10 y 17 años lo ha vivido alguna vez, y alrededor de 38% lo experimentó en los últimos 12 meses. En ese mismo universo, se reporta una exposición alta a contenidos asociados con daño (74%) y casos de rastreo o acoso no consentido (25%).
Quizás por eso países como Australia han decidido legislar. Con su marco de “edad mínima” para redes sociales, se exige que las plataformas tomen medidas razonables para impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas. Y aquí viene lo más importante: el peso no recae en castigar al adolescente ni en responsabilizar únicamente a los padres, sino en las plataformas, con sanciones económicas importantes si no cumplen.
La medida deja al descubierto algo que muchos sospechaban: el acceso temprano es masivo. Cuando se pone una regla clara y se obliga a cumplirla, aparecen de golpe los números, las brechas y las prácticas que antes se normalizaban. Eso no significa que el problema desaparece por ley, pero sí nos enseña que el tema deja de ser invisible.
Ahora bien, seamos honestos: una ley no resuelve por arte de magia la realidad social. Y aquí está el punto de fondo que, en mi opinión, no podemos seguir esquivando: durante años le pedimos a los padres que “controlen” lo que pasa en el mundo digital (Y sí, seguirá recayendo en los hombros de los padres esa responsabilidad), mientras el diseño de muchas plataformas se perfeccionó para capturar atención, empujar comparaciones sociales, amplificar conflictos y premiar lo escandaloso. Esa combinación es injusta: es como pedirle a un padre que compita solo contra el motor industrial (la tenemos más difícil).
Por eso el caso australiano importa incluso para quienes no están convencidos de las prohibiciones. No porque sea perfecto, sino porque gira la mirada a un lugar donde también tiene la responsabilidad. Deja de ser una conversación reducida a “cada quien en su casa” y obliga a sumar dos actores que siempre han estado ahí: las empresas (modelo de negocio) y el Estado (por el deber de proteger a menores en una etapa crítica).
En nuestros países, tal vez la discusión no sea copiar exactamente ese mismo modelo. Pero sí asumir el principio: la alfabetización digital debe ser prioridad, las reglas del hogar deben estar acompañadas por escuela y comunidad, y las plataformas deben rendir cuentas cuando el daño es parte del paisaje. Porque el mundo que les estaremos dejando a nuestros hijos no será menos tecnológico; será mucho más.
Al final, la pregunta no es si nuestros jóvenes deben existir en internet (porque ya existen). La pregunta es si vamos a seguir entregándoles, sin “licencia”, sin guía y sin límites razonables, un vehículo que corre a velocidades que ni los adultos terminamos de comprender. Si no le daríamos un carro a un menor para que se tire a la calle, ¿por qué le damos una vida digital sin el mismo sentido de responsabilidad? Esa es la conversación que como familias, como sociedad y como Estado ya no podemos seguir posponiendo.
Por Ezequiel Rabassa Rosario
Experto en comunicación digital política