RESUMEN
En su artículo “El costo de la vida no es renta; es mínimo vital”, Daniel Toribio plantea una verdad incómoda: cuando el Estado mantiene congelado el tramo exento del impuesto sobre la renta en medio de un proceso inflacionario, el salario real se encoge aunque la nómina diga lo contrario. Se vende la ilusión de estabilidad, pero en la vida cotidiana el dinero compra menos comida, menos medicamentos, menos transporte y menos salud. Su planteamiento es certero, pero su alcance puede ampliarse: la pérdida del poder adquisitivo no golpea solo a quienes tributan ISR, sino también a quienes ni siquiera entran en la ecuación fiscal, pero viven —y enferman— bajo la misma inflación.
Inspirada en ese planteamiento, esta opinión mira lo que el artículo no menciona: los sectores invisibilizados y las consecuencias sanitarias de una política que recauda con números, pero pierde con personas.
Los trabajadores informales son el ejemplo más claro. No pagan ISR, pero pagan el impuesto más cruel: la inflación diaria. Cada aumento de precio cae completo sobre sus hombros. La indexación los beneficiaría indirectamente —porque estabilizaría ingresos familiares y evitaría un efecto dominó de encarecimiento—, pero como la política fiscal no los reconoce, ellos cargan con el costo sin protección alguna. Cuando el ingreso formal mantiene su poder de compra, los precios suben con menor velocidad; por eso, aunque el informal no reciba el beneficio directo, también resulta afectado cuando no se indexa y la inflación se desboca. Su salud paga el precio: automedicación, abandono terapéutico, menos consultas, más complicaciones y enfermedades que solo se atienden cuando ya son graves.
Lo mismo ocurre con los desempleados, subempleados, trabajadores por cuenta propia y familias rurales. Ninguno aparece en la discusión técnica del tramo exento. Pero todos comen, pagan servicios, toman transporte y compran medicamentos al mismo precio que el resto. Si los salarios formales se deterioran, la economía pierde demanda y los precios tienden a subir aún más, generando una cadena de encarecimiento que golpea más fuerte a quienes ya estaban en el límite. Para ellos, la fórmula “inflación más congelamiento” no es una teoría macroeconómica: es una sentencia sanitaria. La gente se enferma más cuando no puede cubrir el costo de vivir.
Y luego están los pensionados, el grupo más vulnerable y más silencioso. Dependen de ingresos fijos que no se ajustan mientras todo lo demás sube. Si el tramo exento permanece congelado, cualquier corrección salarial se vuelve humo: la inflación lo devora y el fisco lo captura. Y aunque muchos pensionados no tributen ISR, también los alcanza la negación de la indexación, porque una economía sin capacidad de sostener el poder adquisitivo empuja más rápido los precios de la comida y los medicamentos. La vejez se convierte en un acto de equilibrio entre comida, electricidad, medicamentos y alquiler. En salud pública esto tiene un nombre preciso: empobrecimiento biológico. El cuerpo se deteriora porque el bolsillo no alcanza.
En el sector salud el golpe es doble. Los trabajadores sanitarios activos ven cómo su salario real cae mientras la demanda de servicios aumenta. El mensaje es absurdo: atender pacientes vale menos cada año. Y en el caso de los médicos pensionados, la ironía es brutal: quienes entregaron su vida profesional al sistema sanitario terminan con una pensión corrosiva, incapaz de sostener medicamentos básicos o seguimientos clínicos. Sin indexación, el ingreso se achica, los precios suben y la salud se debilita: una ecuación que condena a la vejez a enfermar más y tratarse menos. Sin indexación, la jubilación médica no es descanso: es vulnerabilidad.
El resultado para todo el país es predecible. Más hipertensión sin control. Más diabetes descompensada. Más accidentes cerebrovasculares. Más enfermedad renal crónica. Más hospitalizaciones. Y más mortalidad evitable. El sistema recibe pacientes más graves, más pobres y más tarde. Congelar el tramo exento en tiempos de inflación no es una decisión fiscal: es una decisión que enferma.
Por eso, cuando Daniel Toribio afirma que “el costo de la vida no es renta; es mínimo vital”, falta añadir la pieza que explica el daño oculto: el mínimo vital también es salud. La indexación automática del tramo exento no es un capricho técnico, ni una demanda sectorial, ni un tema partidario. Es una política de prevención sanitaria. Cada peso que conserva su valor es una receta que se compra, una consulta que no se posterga, una enfermedad que no se agrava.
Negarse a indexar en un contexto inflacionario es aceptar que la enfermedad avance. Es convertir la subsistencia en un lujo. Es pedirle al pensionado que estire una pensión que no estira, y al trabajador informal que sobreviva sin protección. Así no se construye un país sano.
Un sistema de salud se mide por cuántas vidas protege, no por cuántos pesos recauda.
Por Roberto Lafontaine
Miembro del Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO
Profesor universitario y exdirector de hospitales.