RESUMEN
En el Distrito Nacional no hay que buscar muy lejos para entender cómo se mueve la economía real. Basta con mirar a la mujer que amanece preparando empanadas, al joven que monta su barbería en una marquesina, o a la madre soltera que vende dulces por Instagram para sostener a sus hijos. Esas son las Mipymes, y sin ellas no hay barrio que respire ni ciudad que avance.
Desde una perspectiva institucional, las Mipymes deberían ocupar un lugar prioritario en la política municipal, por su impacto probado en la economía. Sin embargo, son tratadas como elementos decorativos en la narrativa oficial. Se les reconoce en paneles y foros, pero rara vez se les incluye en las mesas de decisión. Se les menciona en discursos, pero no se les asignan recursos concretos. Y lo más alarmante: cuando intentan acercarse al cabildo para buscar apoyo, se enfrentan a procesos engorrosos, falta de personal técnico capacitado o una simple indiferencia burocrática que retrasa o bloquea sus aspiraciones de crecimiento.
Desde una perspectiva técnica y económica, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas no solo son relevantes: son estructurales. Representan más del 32 % del Producto Interno Bruto (PIB) dominicano y generan más de 3 millones de empleos, lo que las convierte en el principal empleador del país. Según datos de la DGII, entre septiembre y diciembre de 2024, estas unidades económicas generaron ingresos superiores a RD$ 62 mil millones. No obstante, enfrentan barreras persistentes como acceso limitado a crédito formal, baja inclusión en los procesos de compras públicas, y escasa articulación con políticas municipales de desarrollo productivo.
Estas debilidades no son nuevas, pero se agravan por la falta de acompañamiento institucional, por lo que considero que desde los gobiernos locales existen ventanas legales que permiten impulsar este sector. Pocas alcaldías cuentan con unidades técnicas para el desarrollo empresarial ni con políticas activas de inclusión de Mipymes en sus circuitos de consumo o contratación. En consecuencia, se pierde una oportunidad concreta de dinamizar la economía barrial y construir una cultura de compras públicas inclusiva y focalizada en el territorio.
La Ley 488-08 impulsa el fortalecimiento de este sector, y la Ley 340-06 reserva para ellas una parte de las compras públicas, en especial para las lideradas por mujeres y jóvenes. Pero la mayoría de las alcaldías no aplica ni lo básico. ¿Qué sentido tiene una ley si no se cumple en el nivel más cercano a la gente?
Propongo que desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se impulsen estas iniciativas:
– Crear un fondo municipal para emprendimientos barriales.
– Implementar ferias rotativas en los sectores, para que vendan sin intermediarios.
– Habilitar espacios de coworking comunitario en juntas de vecinos y centros culturales, incentivando la formalización de sus negocios.
– Capacitar gratis, de manera constante, en temas fiscales, legales y digitales.
Porque sin respaldo real, el talento no se sostiene. El emprendedor que hoy está montando su negocio no necesita que le den flores. Necesita que le abran las puertas.
Si el gobierno local no compra a su gente, le da la espalda a su comunidad y renuncia a su deber de desarrollo territorial.
Y sin apoyo real a las Mipymes, no hay desarrollo en los barrios.
POR: YULIBELYS WANDELPOOL
*El autor es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.