RESUMEN
El caso SENASA ha puesto en evidencia no solo la magnitud del fraude cometido dentro de una de las instituciones más sensibles del Estado, sino también la conducta institucional que permitió que este latrocinio se prolongara durante años sin una intervención temprana. El silencio inicial del Gobierno resultó más estruendoso que el propio escándalo, proyectando la imagen de una administración que prefirió observar a intervenir, a pesar de que la Constitución le impone la obligación de dirigir y supervisar la administración pública con celo y transparencia.
La reacción tardía del Gobierno ha sido uno de los aspectos más cuestionados por la ciudadanía. No es común, ni aceptable, que una irregularidad de tal magnitud emerja de improviso en una institución sometida —al menos en teoría— a controles financieros, auditorías constantes y mecanismos de alerta administrativa. La ausencia de respuesta inmediata sugiere dos posibilidades igualmente graves: o el Gobierno desconocía lo que ocurría bajo su propia estructura, lo cual revelaría una falla monumental en sus deberes de control, o lo sabía y optó por no actuar a tiempo.
Ambos escenarios representan un incumplimiento del mandato constitucional. La administración pública debe operar bajo los principios de eficiencia, responsabilidad, legalidad y transparencia. Cuando la reacción institucional se produce solo después de la presión mediática y del creciente descontento social, se evidencia una gestión que privilegia la protección de su propia imagen antes que la defensa del interés público. Esta conducta erosiona la confianza ciudadana y profundiza la percepción de un Estado más preocupado por la contención política que por la integridad institucional.
Las omisiones del Gobierno no se limitaron al silencio inicial. También incluyen la ausencia de investigaciones oportunas, la falta de sanciones preventivas, el retraso en activar los mecanismos de supervisión y una narrativa posterior que buscó minimizar responsabilidades. La ciudadanía advirtió claramente un esfuerzo oficial por presentar el caso como un hecho aislado, cuando las evidencias mostraban que se trataba de un esquema sostenido y sistemático que operó durante años.
El encubrimiento institucional, aunque sea indirecto, constituye una de las formas más peligrosas de deterioro democrático. Cuando un Gobierno evita asumir responsabilidades, desplaza culpas o limita su respuesta a cambios superficiales, envía el mensaje de que la corrupción solo será enfrentada si llega a los medios de comunicación o si amenaza la estabilidad política del momento. Esa lógica reactiva debilita la legitimidad del Estado y normaliza la idea de que los controles solo se activan cuando el escándalo se hace insostenible.
En el caso SENASA, el costo del silencio fue alto. Durante años, mientras el fraude avanzaba, miles de dominicanos quedaron expuestos a deficiencias en la atención médica, retrasos en tratamientos esenciales e interrupciones en servicios fundamentales. El impacto humano de estas omisiones no puede subestimarse. Cada día de inacción representó un día de vulnerabilidad para los sectores más necesitados, para quienes SENASA constituye la principal vía de acceso a la salud.
El Gobierno intentó posteriormente desvincularse de lo ocurrido, presentando el fraude como un entramado clandestino ajeno a los mecanismos regulares de control. Sin embargo, en una administración pública moderna, la supervisión no es un acto eventual ni decorativo: es una responsabilidad permanente. La Constitución no prevé espacios para excusas institucionales ni para argumentaciones basadas en desconocimientos injustificables.
El retraso en la respuesta también tuvo un efecto político evidente. La ciudadanía interpretó la tardanza como una maniobra orientada a proteger al Gobierno antes que a proteger a la población afectada. Este cálculo político, aunque implícito, deteriora la credibilidad gubernamental y alimenta la percepción de que la lucha contra la corrupción depende más del costo político del momento que de una convicción estructural.
Es imprescindible que el país tome nota de esta experiencia. La tardía reacción del Gobierno frente al caso SENASA debe convertirse en un punto de inflexión que impulse un fortalecimiento profundo de los sistemas de alerta, supervisión y auditoría del Estado. Un Gobierno que actúa tarde actúa mal, y un Estado que espera al escándalo para reaccionar abdica de su función esencial de protección y servicio público.
La República Dominicana merece un modelo de gobernanza donde la transparencia sea regla y no excepción. El caso SENASA demuestra que el silencio institucional no es neutral: es cómplice. Para recuperar la confianza ciudadana, el Gobierno debe asumir sin ambigüedades su responsabilidad, corregir las fallas que permitieron este latrocinio y garantizar que, en adelante, la protección del pueblo esté por encima de cualquier cálculo político.
POR JOSÉ MANUEL JEREZ