RESUMEN
Queremos abordar un tema que podría representar una oportunidad para hacer un diagnóstico correcto y llegar a conclusiones plausibles y convenientes para la nación: la necesidad de separar el Registro Civil de la Junta Central Electoral.
En distintos momentos se han planteado fusiones y reestructuraciones institucionales en el país. Recientemente se ha hablado, por ejemplo, de fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También se ha concretado la creación del Ministerio de Justicia, separando funciones que durante décadas estuvieron bajo el control de la Procuraduría General de la República.
Estas discusiones sobre reorganización del Estado nos invitan a mirar otras áreas donde también podrían hacerse ajustes importantes.
Si observamos la situación que vive la República Dominicana, especialmente el desgaste de la partidocracia, resulta evidente que los partidos políticos han sufrido una profunda pérdida de credibilidad. Hoy prácticamente cualquiera puede formar un partido político. Se recluta gente prestada de otros partidos, se reciben apoyos indirectos o solapados y, una vez cumplidos los requisitos que exige la Junta Central Electoral, ese partido logra su reconocimiento oficial.
A partir de ese momento, incluso con una militancia débil o prestada, el partido comienza a recibir fondos públicos. En otras palabras, los contribuyentes terminan financiando un sistema partidario que, en muchos casos, se ha convertido en un verdadero desastre institucional.
En medio de este contexto surgió el debate sobre las candidaturas independientes. Para muchos ciudadanos, estas representaban una posible vía de rescate frente a una partidocracia agotada.
La idea era permitir que personas pudieran ejercer el derecho constitucional de elegir y ser elegidas sin tener que pertenecer necesariamente a un partido político.
El desgaste, después de todo, se ha producido fundamentalmente dentro de los propios partidos. Sus cúpulas han secuestrado la vida interna de estas organizaciones y han terminado tomando decisiones a su conveniencia. Incluso se han utilizado encuestas y mecanismos internos cuestionables para determinar quién puede o no ser candidato en una boleta electoral.
En un país donde la confianza hacia los políticos y los partidos se ha deteriorado profundamente, abrir espacio a las candidaturas independientes parecía, incluso, un acto ético. Muchas personas han sido críticas del sistema partidario durante años y, llegado el momento, podrían querer aspirar a una posición pública sin tener que aliarse con aquello mismo que han criticado.
Sin embargo, frente a las discusiones actuales en el Senado sobre limitar o eliminar las candidaturas independientes, surge otra reflexión que merece atención: la conveniencia de separar definitivamente el Registro Civil de la Junta Central Electoral.
Cuando hablamos del Registro Civil, nos referimos a una estructura que maneja funciones fundamentales para la vida de los ciudadanos. Allí se registran los nacimientos y se emiten las actas de nacimiento. También se registran los matrimonios, con sus correspondientes actas, y las defunciones. A esto se suma la emisión de la cédula de identidad y electoral.
Se trata de una enorme estructura administrativa que atiende diariamente a miles de ciudadanos en oficinas distribuidas por todo el país. Son servicios esenciales para la vida civil de la nación. La pregunta entonces es sencilla: ¿por qué mantener tanta concentración de funciones en una sola entidad?
La Junta Central Electoral tiene una responsabilidad enorme en materia de organización, supervisión y garantía de los procesos electorales. Esa tarea, por sí sola, exige altos niveles de especialización, transparencia y control. Al mismo tiempo, el Registro Civil requiere eficiencia administrativa, atención al ciudadano y manejo seguro de información sensible.
Separar estas dos funciones podría tener efectos muy positivos. Por un lado, permitiría que la Junta Central Electoral se concentre exclusivamente en lo electoral: organizar elecciones, garantizar la transparencia de los procesos y fortalecer la confianza en el sistema democrático.
Por otro lado, una entidad independiente dedicada exclusivamente al Registro Civil podría enfocarse en mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos, modernizar sus procesos y cumplir con estándares internacionales de gestión y calidad, incluso mediante certificaciones como las normas ISO.
Además, esta separación contribuiría a evitar posibles interferencias o componendas entre las funciones civiles y las electorales. Uno de los problemas que con frecuencia se denuncian en el país es la emisión irregular de documentos de identidad a personas que no cumplen con los requisitos legales para ser ciudadanos dominicanos. En algunos casos, estas personas terminan participando en procesos electorales o incluso formando parte de instituciones del Estado.
Evitar este tipo de irregularidades exige controles rigurosos, transparencia institucional y procesos claramente delimitados. La separación del Registro Civil podría contribuir precisamente a fortalecer esos controles, estableciendo responsabilidades claras y sistemas de verificación más sólidos.
Pero el tema también toca un problema más amplio: la calidad de nuestra representación política. Hoy en día, para que una persona logre ser candidata dentro de un partido político, muchas veces tiene que atravesar una serie interminable de obstáculos internos. Debe contar con el favor de las cúpulas partidarias, superar resistencias internas y, en muchos casos, someterse a dinámicas clientelares que poco tienen que ver con el mérito o la capacidad.
Mientras tanto, personas con talento, preparación y vocación de servicio quedan fuera del proceso.
En contraste, no es raro ver en cargos públicos a figuras que han construido su carrera política a partir de prácticas cuestionables: reparto de panfletos, compra de cédulas en elecciones o participación en estructuras clientelares. Esa dinámica termina favoreciendo a quienes dominan el aparato político interno, no necesariamente a quienes tienen mayor capacidad para ejercer funciones públicas.
De ahí que muchos ciudadanos se pregunten cuántas veces hemos visto personas con escasa preparación tomando decisiones trascendentales en el Congreso Nacional, mientras otras con mayor competencia permanecen fuera del sistema. Corregir estas distorsiones no es sencillo, pero requiere reformas institucionales serias.
En ese contexto, la separación entre la Junta Central Electoral y el Registro Civil podría ser un paso importante hacia una mayor especialización del Estado. Una institución dedicada exclusivamente a los procesos electorales y otra responsable únicamente del Registro Civil permitirían mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio público.
Fortalecer las instituciones es una tarea imprescindible si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Por eso, abrir el debate sobre la creación de una entidad independiente encargada del Registro Civil y separarla completamente de la Junta Central Electoral podría ser una reforma institucional necesaria para el país.
Por Julián Padilla