RESUMEN
El escándalo que envuelve al Seguro Nacional de Salud (Senasa) constituye uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de la administración pública dominicana. No estamos ante un simple caso de irregularidad administrativa, sino frente a una quiebra moral del Estado, que ha permitido que recursos destinados a garantizar derechos fundamentales de los sectores más vulnerables fueran transformados en botín de corrupción. Este episodio revela un deterioro profundo en los mecanismos de vigilancia y control que deberían impedir tales desviaciones.
La Constitución dominicana consagra la probidad administrativa como un mandato irrenunciable para quienes gestionan los recursos públicos. Sin embargo, la magnitud del fraude perpetrado en Senasa demuestra que durante años operó una estructura criminal dentro del propio sistema estatal, sin que existieran controles efectivos ni respuestas oportunas desde las más altas instancias del Gobierno. Esta omisión no solo es grave; es incompatible con el rol constitucional del Gobierno en la dirección y supervisión de la administración pública.
El Senasa tiene una función que trasciende la simple provisión de servicios de salud. Es la columna vertebral de la protección social del Estado, orientada a cubrir a quienes no pueden costear una aseguradora privada. Por tanto, cada peso desviado o robado no afecta abstractamente al erario, sino que impacta directamente en consultas médicas que no se otorgaron, medicamentos que no se entregaron y tratamientos que quedaron inconclusos. Se trata, en esencia, de una violación al derecho fundamental a la salud.
Lo más alarmante es la respuesta tardía del Gobierno, que solo reaccionó después de que el escándalo se hiciera público y el costo político resultara inocultable. La narrativa de desconocimiento no resiste escrutinio jurídico ni político en un Estado moderno, donde la responsabilidad institucional exige supervisión, seguimiento y control. La omisión de estas funciones debilita la credibilidad gubernamental y profundiza la percepción de desprotección ciudadana.
Esta reacción defensiva, más orientada a proteger la imagen del Gobierno que a salvaguardar el interés del pueblo, pone en evidencia una crisis de liderazgo ético. La ciudadanía espera que el poder político actúe como primer guardián del patrimonio público, no como espectador distante de los hechos. Cuando la respuesta oficial se concentra en minimizar responsabilidades o desplazar culpas hacia niveles inferiores, se erosiona la confianza ciudadana y se profundiza la sensación de impunidad.
La gravedad del fraude en Senasa demuestra que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino un sistema de prácticas institucionalizadas que se sostienen sobre la base de omisiones deliberadas, fallas de control y ausencia de una cultura pública de integridad. El Estado ha fallado no solo por permitir el robo, sino por permitir que se normalice una gestión pública donde las alertas tempranas no existen o no se atienden. Este caso confirma que la debilidad estatal no es un defecto técnico, sino político.
El impacto social del fraude es incalculable. No se trata únicamente de dinero desviado, sino de vidas afectadas por la falta de atención médica adecuada. Cuando se roba al Senasa, se priva a la población más pobre de un derecho esencial para su supervivencia. Esto convierte el acto de corrupción en un crimen moral contra la Nación, con dimensiones éticas que deben ser debatidas con seriedad y contundencia.
En una democracia, la legitimidad del Gobierno no se mide solo por su origen electoral, sino por su capacidad de cumplir con los fines esenciales del Estado: garantizar derechos, proteger a la ciudadanía y administrar los recursos con integridad. El caso Senasa revela un incumplimiento grave de esas obligaciones. La respuesta tardía y políticamente condicionada del Ejecutivo amenaza la credibilidad institucional y debilita la gobernabilidad democrática.
El país requiere respuestas claras y profundas: ¿cómo pudo ocurrir un fraude de tal magnitud?, ¿qué mecanismos fallaron?, ¿qué autoridades omitieron actuar?, ¿por qué el Gobierno reaccionó únicamente cuando la presión pública se hizo insoportable? Sin una explicación seria y sin asumir responsabilidades políticas, el discurso anticorrupción queda reducido a retórica vacía.
La nación exige más que palabras. Este caso debe marcar un punto de inflexión. La quiebra moral que revela el fraude en Senasa solo podrá superarse si se inicia un proceso real de depuración institucional, reformas estructurales y, sobre todo, un compromiso ético del liderazgo político. Mientras ello no ocurra, la República continuará expuesta a nuevos episodios de corrupción que, como este, hieren profundamente la confianza del pueblo dominicano.
Por José Manuel Jerez