EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Senadores de partidos aliados al oficialismo manifestaron este lunes que esperan que en la próxima legislatura que inicia este 27 de febrero, el Congreso Nacional le dé a República Dominicana un Código Penal actualizado, el mismo que se había frenado por presiones del gobierno de los Estados Unidos.
Los parlamentarios están confiados en que con la nueva gestión gubernamental estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump, esas injerencias queden en el pasado.
El senador por el Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, expresó que en el Congreso se aprueban o se detienen proyectos por las presiones que ejercen otros países, así como también sectores nacionales.
“Hay que ser honesto y sincero, aquí hay leyes que no se aprueban por los Estados Unidos, hay leyes que hay que aprobarlas y levantar la mano, aunque uno no esté a favor por la presión que le viene a uno; entonces es así, vamos a estar claro”, subrayó Marte.
Asimismo, agregó que esas injerencias no sólo vienen de los EE. UU., sino también del sector empresarial que interviene cuando una pieza legislativa afecta sus intereses.
“El problema es que aquí no lo pueden decir los senadores que tienen la suela lisa de los zapatos”, añadió el representante de la provincia Santiago Rodríguez.
En ese mismo orden se expresó el senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, quien indicó que organizaciones en el país financiadas por el departamento de Estado de Estados Unidos se encargaban de distraer o impedir la aprobación de algunas leyes en la sede legislativa.
“Todos esos piquetes que ustedes veían eran financiados por ONG con recursos de Estados Unidos, esa es la verdad monda y lironda y hay que decirlo”, agregó Genao.
El senador por La Vega reconoció que en el primer poder del Estado se han permitido las injerencias, señalando que las mismas “existen, han existido y existirán no en la República Dominicana sino en el universo”.
Ambos congresistas reconocieron que dotar al país de una normativa jurídica que vaya en sintonía con los hechos delictivos que ocurren en pleno siglo XXI es una deuda pendiente con la población dominicana.
